elcorreo.com
Todo aquel que denuncia una infracción medioambiental debe ser considerado un «colaborador» de la Administración a la hora de proteger el patrimonio natural. «Le ayuda a su labor de control público y debe hacerlo con todas las garantías», asegura el Ararteko. Pero su oficina, sin embargo, recibe muchas quejas de ciudadanos que en su día alertaron sobre una presunta irregularidad y no saben en qué ha quedado la cosa. Si se multó al autor, si se le obligó a adoptar medidas correctoras... O nada. Eso sin contar los que acaban por no presentar ningún papel por escrito para no ser reconocidos y evitar así cualquier tipo de perjuicio personal por cercanía o temor a represalias de algún tipo.
Para todos ellos el Defensor del Pueblo vasco, Manu Lezertua, pide desarrollar y «dotar de contenido» una figura específica y «relevante»: la del denunciante ambiental. Y qué mejor momento que introducirla en la futura Ley vasca de Administración Ambiental, cuya aprobación se está tramitando en el Parlamento vasco y para la que ha elaborado un informe con sus recomendaciones.
La propia Unión Europea, a través de una directiva aprobada el pasado octubre, incide en la «protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, desde la corrupción a los temas medioambientales», según subraya Lezertua. Y, para facilitar esta
colaboración ciudadana y «prevenir presiones», la propia normativa europea «contempla favorecer el anonimato». Porque, recuerdan desde su oficina, a veces «si no se denuncia no se inspecciona».
El Ararteko, por tanto, remarca que el marco legal «ya existe» pero, aunque es consciente de que el propio ordenamiento comunitario da un margen de dos años para su implantación, el texto de la ley vasca no incluye de forma expresa la figura del denunciante ambiental. «Es una gran oportunidad para adelantarnos y regular de forma específica su estatus jurídico dotándola de un procedimiento más garantista».
La norma sí recoge criterios más generalistas como el de 'Acción pública', que permite a cualquier persona física o jurídica participar en un expediente abierto tras una inspección. Incluso contempla el «principio de una buena Administración pública». Pero, insiste, no aborda los derechos del particular, o al menos, «una serie de pautas a seguir ante las denuncias sobre episodios
Con «acuse de recibo»
Entre estas recomendaciones, Manu Lezertua incluye la «obligación de acuse de recibo de los escritos que se presenten, su impulso de oficio y el deber de responder de forma expresa a las cuestiones planteadas». Es más, se «debe informar a las personas de los derechos que pueden ejercitar con su pretensión». Y, en ese sentido, recuerda a la Administración que no puede dejar
caer en saco roto una denuncia ambiental, sino que tiene que analizarla y decidir la posible apertura de un expediente sancionador. Y, por supuesto, informar de todo ello en tiempo y forma a la persona que le ha puesto sobre la pista.
Las aportaciones propuestas por el Ararteko a la legislación ambiental vasca inciden, en cualquier caso, en pedir a las diversas instituciones un mayor esfuerzo a la hora de informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones en esta materia. Así, invita a sus redactores a «realizar una reflexión sobre el
interés público» de incluir entre las obligaciones de difusión que contempla la norma «el conjunto de informes de inspección ambiental». Por ejemplo, «las actas de vertidos no autorizados», o la información que elaboran los ayuntamientos dentro de sus competencias, como las licencias de actividad, «al menos de aquellas que generen una mayor impacto social». También molestas, «como bares o discotecas».
La Fiscalía del País Vasco admite que le llegan «pocos» casos
Una treintena de delitos contra el medio ambiente, el urbanismo y la ordenación del territorio se denunciaron el pasado año ante la Fiscalía Superior del País Vasco, diez más que en 2017. Su titular, Carmen Adán, reconoce que son «pocas denuncias» y que están «deseando tener más casos» en estas áreas.
Precisamente, según desveló EL CORREO, la Guardia Civil creará una unidad de investigación de delitos medioambientales en Euskadi. Perseguirá infracciones penales de cierto calado y que afecten a la comunidad aunque su matriz se encuentre en otra provincia. Esta decisión ha generado malestar en el Gobierno vasco al considerar que choca con las atribuciones de la Ertzaintza, cuya unidad de Medio Ambiente y Urbanismo se creó hace nueve años y solo tiene ocho agentes.
DOCUMENTOS:
Comentarios
Publicar un comentario
Que para que una publicación tenga legitimidad estén seguros que publicaremos los comentarios, rectificaciones, respuestas y criticas que estén escritas con respeto a las normas de cortesía habituales, aunque sean contrarios a nuestra linea de pensamiento o a alguno de nuestros colaboradores.
Por lo contrario, en caso de que se lleguen a nuestro Blogg esos comentarios ilícitos o falsedades los eliminaremos de oficio en cuanto tengamos conocimiento de los mismos, para evitar del daño que pretende causar el autor de tales comentarios.