La protección de Urdaibai vuelve a generar disensiones en el PNV
ante el próximo cambio de la ley aprobada solo hace siete meses por el
anterior Gobierno vasco. Es la historia que se repite en los 33 años de
vida de la única reserva de la biosfera de Euskadi.
Viviendas en el barrio de Kanala, en Urdaibai
Los enfrentamientos internos en la Diputación vizcaína y la dirección
del PNV en este territorio han retrasado dos semanas la modificación
del llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Urdaibai. El pleno
del Patronato (el órgano de gestión de la reserva) se reunirá el próximo
14 de julio tras dejar sobre la mesa este asunto a finales de junio a
petición de los peneuvistas.
El plan de protección actual entró en vigor el 28 de noviembre, tras la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, pero se
había aprobado por decreto por el Gobierno vasco el 27 de septiembre,
solo dos días después de las elecciones autonómicas y con un ejecutivo
interino. Y nació cojo. El documento, que era el primer gran
cambio del PRUG desde su aprobación en 1993, suscitó el rechazo de casi
todos los partidos y colectivos del Patronato de Urdaibai. Tuvo 11 votos
a favor y siete en contra. Solo contó con el aval del PNV mientras que
el resto de representantes en el Patronato votaron en contra, entre
ellos los ayuntamientos gobernados por Bildu, ecologistas, un
representante del Parlamento vasco, la Demarcación de Costas del País
Vasco (dependiente del Gobierno central), el Consejo de Cooperación (que
agrupa a una docena de grupos sociales y culturales de la comarca) y la
asociación de forestalistas, un grupo siempre cercano a los
peneuvistas. La UPV, que iba a votar en contra, no acudió a la reunión.
Esa merma de apoyo llevó a movilizarse a los colectivos sociales, que
se agruparon en la plataforma Urdaibaietz, integrada por Ekologistak
Martxan, Taller de Ecología de Gernika, Txipio Bai, Zain Dezagun
Urdaibai y ciudadanos particulares. Presentaron a principios de año una
denuncia en los tribunales y desde marzo el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco investiga la legalidad del plan, que ha mermado
claramente la protección de Urdaibai.
Una reserva de la biosfera no es un parque natural en el que casi
todo está prohibido. Es una figura de protección que la combina con el
desarrollo socioeconómico. Y en los 32 años de vida de Urdaibai como
reserva de la biosfera las restricciones han sido importantes: en las
zonas rurales no se ha podido construir salvo excepciones y actividades
económicas como la forestal tienen grandes limitaciones.
Imagen de Urdaibai, en su parte central.
Así, hasta ahora los vecinos han tenido que solicitar al menos dos
permisos (uno a su ayuntamiento y otro al Patronato de Urdaibai) para
cualquier actuación, desde una simple chabola o vallado hasta la
construcción de una vivienda. Dos informes vinculantes hasta ahora. En el anterior plan de protección, se regulaba en el artículo 130 la necesidad del informe “preceptivo” del Patronato, que, como la práctica lo establecía, era vinculante. En el plan en vigor, se introdujo, en el artículo 5.1.2, la asertación de que esos informes tendrán “la consideración de preceptivos y no vinculantes”. Un sutil cambio que deja en manos de los ayuntamientos la concesión de licencias y
que, según denunciado entonces los ecologistas,”es poner al zorro a
cuidar el gallinero”. Y es que en estas dos últimas décadas se han
detectado una docena de casos de chalets ilegales, construidos a
espaldas del Patronato de Urdaibai y con el único amparo de los
municipios. Incluso persiste la situación de una vivienda unifamiliar ilegal desde hace 18 años en la localidad de Mendata, que fue el primer caso en que el Gobierno vasco llevó a los tribunales a un ayuntamiento por incumplir la ley de Urdaibai.
Los ecologistas calcularon que se abría la puerta a la
recalificación de más de 200 hectáreas de suelo rural y que todo el plan
de protección era una suma de los planes urbanísticos existentes y
previstos por los ayuntamientos de la reserva. El anterior equipo del
Departamento de Medio Ambiente defendió que “todos los actos de
construcción y uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales
sean informados por el Pleno” del Patronato y que sus informes no
podían en ser vinculantes porque existe una jurisprudencia del Tribunal
Superior vasco.
La plataforma Urdaibaietz contactó
con Podemos y EH Bildu para presentar una propuesta en el Parlamento que
derogase la ley, que se materializó en un acuerdo unánime de todas las
formaciones políticas el pasado 22 de junio. “Quisimos derogar de
inmediato la ley pero al final se acordó la puesta en marcha del proceso
de elaboración de una nueva”, asegura José Ramón Becerra, parlamentario
de Equo-Berdeak integrado en Elkarrekin Podemos. Han sido meses de
continuas conversaciones en las que una de las claves ha sido que el
área de Medio Ambiente, tras el pacto PNV-PSE en el Gobierno vasco, haya
pasado a manos socialistas.”En este tema, hay que reconocer que los del
PSE se han mantenido firmes frente al PNV”, agrega. Los peneuvistas
accedieron a aprobar la propuesta conjunta de iniciar la elaboración de
una nueva ley de protección de Urdaibai solo una hora antes del debate
en el Parlamento vasco el pasado 22 de junio.
El próximo pleno es este viernes, donde se verá
si las disensiones internas en el PNV se han resuelto. Pero las mayorías
han cambiado y una hipotética oposición de los peneuvistas no evitará
la aprobación del cambio de la ley
La viceconsejera de Medio Ambiente Elena Moreno ha defendido desde el
principio la necesidad de modificar la ley aprobada hace poco más de
medio año. El PNV ha acabado por aceptar a regañadientes: las
presiones en la comarca de Urdaibai de sus ayuntamientos son constantes y
no es una imagen edificante modificar un plan, elaborado durante varios
años, solo siete meses después de su entrada en vigor. La diputada vizcaína de Medio Ambiente, Elena Unzueta, había aceptado el radical cambio de postura.
Todo parecía atado tras la aprobación unánime en el Parlamento del
22 de junio pero en la reunión del pleno del Patronato del 28 de junio,
los representantes peneuvistas se rebelaron y se acordó un aplazamiento
de dos semanas. El próximo pleno es este viernes, donde se verá si las
disensiones internas en el PNV se han resuelto. En cualquier caso, con
la entrada del PSE en el Gobierno, las mayorías han cambiado y una
hipotética oposición de los peneuvistas no evitaría la aprobación del
cambio de la ley. La intención del Departamento de Medio Ambiente es que
este viernes haya votación, con acuerdo total o sin él. Medio Ambiente
podía, además, iniciar el proceso para la nueva ley por iniciativa
propia pero ha querido que haya una imagen de consenso mediante su
aprobación en el Patronato.
Otra clave es que, como el plan seguirá en vigor (el de 1993 quedó
derogado), los ayuntamientos y ciudadanos se mantengan quietos y no
acometan ninguna actuación. Pero el Gobierno vasco. en línea con lo
aprobado por el Parlamento, frenará cualquier iniciativa contraria a la
protección de la reserva de la biosfera.
Urdaibai bien merece un plan de protección consensuado por todos y
desterrar la pésima gestión de estas tres décadas. En los 24 años desde
que se aprobó el plan de protección de Urdaibai por parte del Gobierno,
no se ha podido desarrollar ningún plan económico, que es el otro pilar
fundamental de una reserva de la biosfera. El resultado es que la
comarca se ha quedado casi sin tejido industrial, al perder más de 4.000
empleos en estas tres décadas. La bronca entre el Gobierno vasco y la
Diputación vizcaína, que históricamente ha defendido a los ayuntamientos
en sus planes urbanísticos, llegó a la amenaza de la institución foral
en los 90 con romper la ley de Urdaibai en la mayor crisis vivida hasta
ahora. Durante cuatro años, entre 2008 y 2012, ni siquiera hubo
director-conservador, la figura clave en cualquier reserva de la
biosfera. Es la única comarca de toda Euskadi sin un plan integral de saneamiento tras haberse gastado más de 155 millones. Urge dar la vuelta al sinsentido.
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