M-501, una carretera con muchas curvas

M-501, una carretera con muchas curvas

La ampliación de la carretera M-501 en la Comunidad de Madrid va camino de convertirse en todo aquello que quisieron evitar sus promotores cuando aprobaron, en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la declaración “de interés general y razones imperiosas de seguridad vial” para hacerla por la vía rápida, sin pasar el pesado pero obligado procedimiento administrativo de declaración de impacto ambiental.

Tres sentencias judiciales en contra de ese procedimiento, con el agravante de que dos de ellas fallan que se devuelva la zona a su estado original, hacen que este caso sea único.

Los grupos conservacionistas SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción exigen la restitución de la M-501 a su estado original.

La Comunidad de Madrid no se da por aludida y, oficialmente, entiende que todo es un fallo de forma que se puede subsanar fácilmente con la Comisión Europea.

Nunca antes en España se ha producido una situación similar: la posibilidad de desmantelar una infraestructura por no cumplir con la legislación en el proceso de evaluación ambiental.

¿QUÉ VA A PASAR CON LA CARRETERA?

La situación es la siguiente:

La Comisión Europea va a recibir próximamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo por la que se confirma que el Reino de España ha incumplido la normativa comunitaria. Sin embargo, la sentencia no dice qué debe hacerse, es la Comisión Europea quien decide qué debe hacer ahora España, en último término la Comunidad de Madrid. Recordemos que la Unión Europea solo tiene a los estados miembros como interlocutores, no a las comunidades autónomas, ni a las regiones de otros países.

Lo lógico es que la Comisión decida sobre el objeto de su demanda, es decir, el evidente incumplimiento de los procedimientos legales para realizar una infraestructura de estas características. Para Juan Carlos Atienza, director de conservación de SEO/Birdlife, “la Comisión deberá entrar también en el contenido porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE reconoce que hay afecciones a la red Natura 2000. Por esto, nosotros vamos a presionar para que la decisión de la Comisión sea desmantelar la ampliación de la carretera”.

En el caso de que la Comisión entre a valorar solo el procedimiento, podría decidir, entre otras cosas:

- multar a España por incumplimiento de procedimiento legal,

- exigir el cumplimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo cual implica sacar a información pública el proyecto, dar tiempo para las alegaciones, incorporarlas al proyecto y hacer una Declaración de Impacto Ambiental que debería hacer la propia Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Álvaro Enríquez de Salamanca, de la empresa Draba, especialista en evaluaciones ambientales, confirma que esta situación no es nueva: “No sería la primera vez que se exige cumplir el procedimiento legal a un proyecto ya realizado que no lo había hecho cuando debía. La evaluación, en esos casos, siempre ha terminado con la autorización de la obra realizada”.

Lo especial de esta infraestructura es que sobre ella existe una sentencia que condena a la Comunidad de Madrid a retomar el proceso administrativo previo a la ejecución de las obras y “en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada (…)”. Es la expresión “en su caso” a la que se agarra la Comunidad de Madrid para no desmantelar la ampliación de la M-501. “Entendemos que “en su caso” se refiere a “si puedes, es decir, si no se ha solucionado la circunstancia de la aportación de la información requerida para hacer el proyecto, algo que en nuestro caso hemos hecho con creces”, afirman en la Consejería de Transportes.

Fuentes jurídicas consultadas reconocen que el término “en su caso” se presta a interpretación pero que el hecho de que el tribunal redactase una frase ordenando la restitución a su estado original es muy significativa de sus intenciones.

Mientras tanto, Ecologistas en Acción solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ejecución inmediata de la sentencia y este le concedió su demanda, exigiendo a la Comunidad de Madrid su cumplimiento.

Por su parte, SEO/Birdlife está esperando que el Tribunal Supremo decida también sobre el recurso que presentó la CAM a otra sentencia del TSJ de Madrid que la condenaba en términos parecidos a la sentencia de Ecologistas en Acción.

¿QUÉ SUPONE RESTITUIR LA CARRETERA A SU ESTADO ORIGINAL?

Como casi en todos los acontecimientos, las lecturas que se pueden hacer son muchas y variadas en función del prisma desde el que se mire.

- Sociales.

Para la mayoría de los habitantes de los pueblos beneficiados por esta carretera volver a un solo carril por sentido es “volver a los atascos, a tardar tres horas para hacer 80 kilómetros, a ahuyentar al turismo de fin de semana, el único que llega a estos pueblos, a las dificultades diarias para ir a trabajar o desplazarse hasta Madrid. Es volver al pasado”.

Juan Carlos Atienza comprende que “la gente que vive en estos pueblos no entienda la postura de los ecologistas pero es que todo el mundo no puede tener una autovía hasta la puerta de su casa. Otros muchos pueblos no la tienen. Lo que sí es de justicia es que si estos municipios se van a ver afectados por la circunstancia de estar dentro de la red Natura 2000, lo lógico es que la administración pública les dé un trato de favor en otro tipo de inversiones o servicios públicos”

- Ambientales:

Un informe de Ecologistas en Acción que forma parte del sumario, y que prefiere no hacer público de momento, evalúa de forma positiva la restitución de la carretera a su estado anterior a la ampliación. Según este informe, el coste económico sería la mitad del coste de ejecución de la obra, aunque no han sido capaces de dar una cifra aproximada. La ejecución de la carretera superó los 25 millones de euros según datos de la Comunidad de Madrid. De llevarse a cabo este desmantelamiento tendríamos, años después de su ampliación, la misma carretera de doble sentido pero habríamos tirado a la cuneta, nunca mejor dicho, 37 millones de euros de las arcas públicas tan solo en el proceso de ejecución de la ampliación.

Sin embargo, “la Comunidad de Madrid no se plantea desmantelar la carretera”, según el gabinete de prensa de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

No entran a valorar el coste ambiental de un desmantelamiento que no contemplan y afirma que oficialmente no existe un informe interno que lo haya estudiado. Otras fuentes de la Consejería confirman que se ha trabajado en ese informe y que los costes ambientales de llevarse a cabo “serían enormes”.

No opina así María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, para quien “técnicamente es posible, el daño ambiental de ese desmantelamiento es evidente que existiría pero sólo durante las obras, sería menor que el daño ya producido y, además, dejaría la zona en un mejor estado de como está ahora”.

Álvaro Enríquez de Salamanca se pregunta cuáles serían los beneficios de la demolición: “si el daño a la vegetación ya se produjo eso no podemos restituirlo. Podemos plantar más encinas en otra parte o alrededor de la carretera pero para eso no es necesario demolerla. La única ventaja que parece a priori sería mejorar el paso de fauna de un lado a otro de la carretera. Habría que ver si los pasos de fauna realizados son suficientes o no, o si se deberían hacer más pasos para mejorar la conectividad”.

Fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras se preguntan si el desmantelamiento de la carretera implica también la destrucción de los 43 pasos de fauna que se han realizado: pasos inferiores y mixtos para anfibios y pequeños mamíferos y dos pasos elevados para fauna de gran tamaño.

Según la Consejería de Transportes e Infraestructuras “las medidas correctoras y de compensación ambiental llevadas a cabo en la M-501 suponen más de 6,4 millones de euros, el 25 % de todo el presupuesto de ejecución de la carretera. Pocas obras civiles han contemplado un presupuesto tan elevado en medidas ambientales”.

Para Juan Carlos Atienza, “no tiene más impacto quitarla que dejarla. Se trata de una zona muy adecuada para que en un futuro haya linces. Además, si se mantiene la autovía, es muy difícil que en un futuro no se llene de chalets toda la zona, con la consiguiente presión que supondrá sobre la red Natura 2000”.

- Económicas

A favor del desmantelamiento María Ángeles Nieto también aduce razones de empleo: “En una época de crisis como esta restituir la carretera supone una inversión pública importante, es decir, puestos de trabajo”.

Otros expertos consideran que, en todo caso, “lo razonable sería hacer la inversión del desmantelamiento en medidas compensatorias o de gestión alrededor de la propia carretera, o en cualquier otro lugar de la comunidad que lo necesite”.

Para los responsables de la Consejería “no hay posibilidad de realizar semejante inversión en estos momentos”, a lo que desde Ecologistas en Acción se responde que sean los responsables políticos de la decisión de hacer el desdoblamiento los que respondan con su patrimonio personal”. Estos responsables consideran que son: Esperanza Aguirre como presidenta de la CAM, María Dolores de Cospedal y Manuel Lamela como consejeros de Transportes e Infraestructuras en los años 2005 y 2008.

- Políticas

Los varapalos judiciales a la manera de actuar de la Comunidad de Madrid en este caso son incuestionables. Primero fue el tribunal Superior de Justicia de Madrid, después el Tribunal Supremo cuando interpuso recurso de casación la CAM ante la primera sentencia, y, ahora, el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, no quieren ni oír hablar de la posibilidad de verse desmantelando la carretera que tantos quebraderos de cabeza les ha dado. Sería la primera vez en España que sucede algo similar y el coste político podría ser evidente: convertiría a la ampliación de la M-501 en un despilfarro de dinero público.

En la Comunidad entienden que todo este procedimiento judicial reconoce un “defecto de forma” y que “deberá ser la Comisión Europea quien diga ahora qué hacemos y cómo.

En ese momento, la Comunidad de Madrid realizará las accionesque estime oportunas en función de esta decisión de Bruselas”, comentan desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

¿CÓMO VA SALVARSE ESTA SITUACIÓN?

En la CAM manejan el tiempo de un año más para esta nueva etapa, desde que la Comisión tome una decisión y la CAM, a través del Gobierno de España, presente alegaciones a la decisión de la Comisión. Será un año esperando, con la intención de no tocar un metro de asfalto, a pesar de que los ecologistas harán todo lo posible para que tengan que levantar toda la ampliación.

Se da la circunstancia de que en este caso el órgano promotor de la obra, el órgano sustantivo que es quien la ejecuta, y el órgano ambiental que es el encargado de elaborar la declaración de impacto ambiental, son partes del mismo cuerpo, la Comunidad de Madrid. Para Álvaro Enríquez “parece muy complicado pensar que se acabe desmantelando esa carretera. Por lo que ha sucedido en otras ocasiones, lo que tiene más posibilidades de ocurrir es que se desarrolle un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con su correspondiente información pública, y que desemboque en una declaración de impacto ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ahí tendrá que pronunciarse sobre si los impactos son o no tan importantes como para que no se puedan corregir o compensar. No parece muy probable que esa declaración vaya a ser negativa”.

Para Juan Carlos Atienza no cabe la posibilidad de darle una solución semejante porque “esta carretera no debería haberse hecho nunca, tenía una evaluación ambiental negativa, un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que demostraba graves afecciones a la red Natura 2000 y una alternativa a la ampliación en un documento firmado por el anterior presidente de la CAM por el que se comprometía a eliminar los puntos negros de la anterior carretera”.

Si todo acaba en un proceso de evaluación ambiental una vez hecha la obra, la pregunta parece evidente ¿por qué no se inició en su momento, antes de comenzarla? La respuesta solo pueden darla los responsables políticos de la Comunidad de Madrid.

Ismael Muñoz www.rednatura2000.info (23-12-2011)