A vueltas con la Ley de Costas; el espejismo de nuevas tierras prometidas

7 de febrero, por Ecologistas en Accion-Cádiz

Siempre pasa; cada vez que en una Comunidad Autónoma o en el Gobierno Central vuelve a gobernar la derecha, un tema que siempre anuncia es que va a modificar la Ley de Costas. Si la Comunidad es la andaluza, también anuncia que va a replantear la carretera que pretende unir Cádiz con Huelva por el PN de Doñana. No falla.

Una de las primeras declaraciones del nuevo responsable ministerial de Medio Ambiente, Sr. Arias Cañete ha sido el anuncio de que pretende introducir simplificaciones en los trámites ambientales con el pretexto de que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En este marco anuncia una “profunda reforma de Ley de Costas de 1988 con el fin de dar valor al litoral y seguridad jurídica”.

¿Por qué esta obsesión con la ley de Costas? La Ley de Costas, históricamente, se verá como una de las grandes leyes del inicio de nuestra democracia, una ley progresista, ya que, en ese periodo histórico, cualquier ley suponía un progreso teniendo en cuenta de dónde veníamos. Fue una ley que hizo una apuesta muy clara y nítida por el carácter público de nuestra costa, y así en su artículo 3º ya dice:

Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal La ribera del mar y de las rías, que incluye: El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

Apuesta que nos ha proporcionado a todos los españoles el uso y disfrute de todos los espacios de playas, marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

La Ley de Costas es una de esas leyes de la que muchos españoles nos sentimos orgullosos; sabemos que podemos acceder a todas las playas, que podemos pasear por ellas, que podemos bañarnos donde queramos… cosa que no pasa en muchos países del primer mundo; en los desarrollados EEUU, me ocurrió paseando por una playa que un señor empezó a gritarme cosas que no entendí pero que interpreté como que me fuera de “su playa”, y es que, en efecto, en muchos países las playas se privatizan. Con la Ley de Costas, a los españoles nos puede pasar lo mismo que con nuestra Seguridad Social: empezamos a valorarla cuando la estamos perdiendo. Y el anuncio del Ministro Arias Cañete nos hace temer por la pérdida del carácter público de nuestro litoral.

Si analizamos las propuestas que hizo el PP cuando estaba en la oposición, podemos preveer que nos espera: en febrero de 2011 llevó al Senado una Proposición de Ley que tenía como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que supondría que el concesionario pasaría a ser “de facto” propietario del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que se le habría concedido. También propuso, acompañado por CIU, redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretendían, bajo el concepto de “ciudad navegable”, que urbanizaciones que contenían las llamadas “marinas” escapasen a la Ley de Costas.

La primera de las propuestas del PP citadas tiene mucho que ver con Cádiz. Aquí los empresarios acuicultores y salineros, que tienen un largo historial de pleitos con las correspondientes Demarcaciones de Costas, siguen reclamando la titularidad de las zonas litorales en las que ejercen su actividad económica. Y lo hacen alegando que no pueden hacer inversiones en sitios que no son suyos, que solo usan. Ante esto, los defensores de la actual Ley de Costas, podríamos contestar invirtiendo el razonamiento: que ya tienen bastante con poder sacar beneficios de una zona que no les pertenece y que todos les cedemos graciosamente; que si hacen inversiones será para la mejora de su cuenta de resultados y que en ello irá su plusvalía.

Por otro lado, como ya han manifestado las organizaciones ecologistas, resulta increíble que, a pesar de que la especulación del ladrillo ha sido una de las principales causas de la actual crisis que se vive en España, el nuevo gobierno pretenda buscar soluciones volviendo a antiguas fórmulas fracasadas y agotadas: legalizar construcciones, permitir más usos en las franjas establecidas por la ley, construir más cerca de la línea de costa, permitir marinas, macropuertos, macrourbanizaciones…, en definitiva, seguir enladrillando (o ya debemos decir alicatando) la costa. Dar vía libre al mismo modelo depredador que nos ha llevado hasta una profunda crisis no es la solución para generar un empleo duradero y sostenible, sino más pan para hoy y hambre para mañana.

Hemos sabido que entre 1987 y 2005, justo antes de la crisis, en España se urbanizaron más de dos hectáreas (que son 20.000 m2) por día en los primeros 500 metros de litoral. Con este dato queda claro algo que siempre decimos los ecologistas: lo que no es ecológico tampoco acaba siendo económico.

Dejemos en paz a esta buena ley de Costas que emana de nuestra Constitución de 1978.

Por Lola Yllescas, Ecologistas en Acción