LAS VIVIENDAS DE VPO DE SANMARTIN, AUNQUE SE PAGUEN LOS 1,2 MILLONES, QUEDARAN EN UN LIMBO LEGAL

Las viviendas de VPO de San Martín en la actualidad

• El Ayuntamiento de Bermeo pretende pagar 1,2 millones de euros para evitar cumplir la sentencia de derribo de lo edificado ilegalmente en las VPO de San Martín 
  

•  La solución propuesta no garantizaría la seguridad jurídica de los/las potenciales compradores/as
  

Según lo expuesto en la prensa local, la promotora publica Beruala y la promotora privada Ibarretas XXI han llegado a un acuerdo por el que el Ejecutivo costero pagará algo más de 1,2 millones de euros a la firma, a cambio de que ésta solicite que se archiven las causas pendientes, tanto administrativas como judiciales, que pesaban sobre la Sociedad Publica de Rehabilitación Beruala y que obligaban a modificar y/o demoler el bloque de 34 viviendas protegidas para restablecer su legalidad. 

Además, segun los mismos medios de prensa "mediante este convenio, el Ejecutivo que gobierna Bermeo espera recaudar el dinero necesario para llevar a cabo la operación mediante la venta de las casas edificadas de más". Así el Ayuntamiento planea poner fin así a una década de litigio con una promotora Ibarretas XXI. 

La solución planteada

Se trata de un intento, difícilmente calificable como legal, por resolver el litigio judicial que la Sociedad Pública de Rehabilitación Beruala, dependiente del Ayuntamiento de Bermeo, ha mantenido a lo largo de más de un década con la constructora Ibarretas XXI, a iniciativa de esta, en relación a la altura de uno de los bloques de viviendas de VPO del barrio San Martín.

El pacto, pretende, aparentemente y siempre según fuentes municipales, “evitar males mayores ya que la orden de ejecución del plan constructivo le hubiese acarreado a la localidad un desembolso total de 3,3 millones de euros". Las misma fuentes añaden que el pacto supone “una cantidad de dinero que difícilmente podría asumir el Ayuntamiento, máxime en la actual coyuntura de crisis, y que, en consecuencia, pondría en claro riesgo de quiebra a Beruala”. «Además, de cara al futuro existía incluso el peligro de que se abrieran nuevas causas», ha manifestado a la prensa local el alcalde de Bermeo, Aritz Abaroa.

La aprobación y firma del acuerdo fue adoptada en el Consejo de Administración de Beruala, celebrado el pasado día 13 de diciembre 2020, con los votos a favor de los representantes del PNV y la plataforma ciudadana Guzan, mientras que los consejeros de EH Bildu optaron por abstenerse. Con ello pretenden cerrar una larga e intensa controversia política en relación al caso entre los partidos que han gobernado en la última década el Ayuntamiento de Bermeo sea el PNV o  EH Bildu.

Asimismo, se pretende desbloquear el procedimiento de adjudicación de las 34 VPO que ha permanecido paralizado desde 2011. Eso sí, bien con la falta de seguridad a futuro para los compradores ya que van a adquirir unas viviendas que, como poco, quedarán en situación de “fuera de ordenación Urbanística”.

El Ayuntamiento de Bermeo deberá abonar a la promotora los 1,2 millones acordados en el plazo máximo de 18 meses, “antes del 18 de marzo de 2022”, detallaron responsables municipales. La Administración costera tiene previsto saldar la deuda que le supondrá el pago de la indemnización “con el dinero recaudado de la venta de las viviendas de VPO”, avanzaron desde la Alcaldía. Lo que nos supondría un pago de 33.334 € por unidad de vivienda enajenada.

Para ello en la WEB municipal de Bermeo ha abierto el proceso de adjudicación de las mismas (36 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL) con el fin de proceder a la adjudicación a las personas interesadas. 

BLOQUE 2 VIVIENDAS DE VPO (izqda) y BLOQUE 4 DE VIVIENDAS TASADAS (derecha) (Publicado 13 Abril 2011 por Alejandra Zabala)

El contencioso: Los aleros a la misma altura

El contencioso abierto en torno al caso de la promoción de las viviendas protegidas del barrio San Martín, se remonta al compromiso alcanzado en su día por la constructora Ibarretas XXI y el Consistorio local para ejecutar el edificio “con todos los aleros a una misma cota”. La medida, sin embargo, fue incumplida por parte de la sociedad pública Beruala, que también se saltó la orden de paralización de la obra impuesta en su momento por una jueza de Gernika.  La sentencia establecia que;

“Se solicitaba en la demanda la Revisión de oficio de las licencias de obra del Bloque II otorgadas en Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2009 y 23 de diciembre de 2013, declarando nulos los actos administrativos de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2009 (en su apartado n° 12) y 23 de diciembre de 2013, (en su apartado n° 16), por autorizar en planta una ocupación superior de 60 metros por 12 metros de largo y un aprovechamiento superior a los 3.400 metros de techo para la parcela Bloque II de la UE 20.3 de las NNSS de Bermeo; contrarias al Ordenamiento Jurídico tales licencias autorizaron la construcción de 3.669 m2 y 3.698,21, respectivamente, superando ambas los 3.400 metros de techo máximo permitido, siendo el exceso de aprovechamiento concedido ILEGAL E ILEGALIZABLE por haberse terminado el procedimiento de equidistribución y cargas del ámbito de gestión y consolidado el aprovechamiento resultante”. (Nº de Recurso: 338/2018 Nº de Resolución: 462/2018 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso)

Años más tarde, la ejecución de las obras para restablecer la legalidad del edificio volvió a abrir el litigio, ya que el rediseño del bloque por parte de los técnicos de Beruala (también responsables indirectos, dado que su proyecto constructivo sobrepasaba los límites establecidos en la Normativa urbanística) no se ajustaba al proyecto que supuestamente garantizaba su legalidad. Ante esa situación, el proceso volvió a los tribunales.

En 2019, se vio el Juicio verbal de suspensión de obra nueva (interdicto), siendo la demandada BERUALA S.A. y construcciones GANEKO S.L, y la demandante IBARRETAS XXI, S.L. Se trata del AUTO de 4.11.09. Acuerdo entre Ibarretas y Beruala aprobado por auto de homologación judicial, que contempla, en relación a la altura de los edificios a construir sobre las parcelas 2 y 4, que estas se harán;

"...con una sección con todos los aleros a una misma cota, quedando la cubierta formada por dos faldones simétricos que nacen en cada uno de los aleros que conforman una cubierta única, atendiendo a la solución de composición aproximada realizada por los servicios técnicos municipales, de acuerdo con el plano anexo a la presente …" 

Marcha de las obras en San Martín 2011

 

Cabe recordar que las viviendas las promueve la empresa pública de Rehabilitación del Casco Histórico de Bermeo Beruala, de propiedad municipal cuyos directivos son concejales, salvo el Director Gerente, aunque detrás este el ayuntamiento, las responsabilidades de sus trabajos recaen sobre los políticos y técnicos que se sienten en el Consejo de Administración de Beruala. Aunque al parecer a nadie le resulta extraño el hecho de que una empresa del ayuntamiento creada con el objetivo de gestionar el Plan Especial de Rehabilitación del casco viejo de Bermeo termine construyendo fuera del mismo. Esto nos lleva a preguntarnos si ya ha terminado con la rehabilitación del casco viejo, si ya se han levantado todos y, por último qué pasó con el registro de solares. 

También hay que señalar, que ha fallado el control municipal y se ha actuado con tolerancia "por parte de los responsables del urbanismo local", ya que es sabido que las administraciones municipales detentan la competencia para intervenir en el control de lo regulado por la ordenación urbanística y en este caso no se ve que se haya actuado en ese sentido. En ese orden de cosas, el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística son de carácter irrenunciable para las autoridades y funcionarios, según establece la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Todo lleva nos lleva a la reflexión de que la vía de facto a la que ha recurrido el Ayuntamiento no resuelve la cuestión de fondo: la ilegalidad de lo construido en todo o en parte en los dos bloques de San Martín. Ya que ha quedado demostrado que no solo no se han cumplido los límites de diseño, sino que también se ha sobrepasado en más de 500 m² los límites de “aprovechamiento urbanístico” establecidos en el Planeamiento Municipal.

La vía de la obtención de una nueva licencia parece legalmente imposible, por lo que sólo queda emprender un proceso de regularización de las dos edificaciones no conformes con la ordenación existente en el momento de su ejecución, y esto a través de la modificación puntual del planeamiento y no a través de un “convenio ilegal” con “premio millonario” a los denunciantes, cuando lo que aquí los verdaderos perjudicados somos el vecindario de Bermeo, ya que se ha violado el interés general del Urbanismo y del Buen Gobierno. 

Lo anterior debe llevar aparejado el cumplimiento de las normas de debate público, con publicidad y participación, y sobre todo, de lo que resulte de más dotaciones públicas, equipamientos, cesiones y creación de infraestructuras derivados de la ampliación de la edificabilidad. Así lo expresa el artículo 223 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en el apartado Límites de la legalización:

"Los actos y actuaciones clandestinas declaradas contrarias a la ordenación urbanística y territorial sólo podrán ser legalizados previa modificación o revisión del planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 106".

Debe ser un condicionante democrático previo dar la publicidad de todo lo actuado en este caso, en favor de la transparencia y el buen gobierno... en todo caso las ONGs Vecinales deberían solicitar el acceso público y copias de los expedientes urbanísticos del acta del Consejo de Beruala, posibles licencias urbanísticas “complementarias” municipales, la calificación definitiva de VPO expedida por el Gobierno Vasco, y estar atentos a las licencias de ocupación (además de revisar las actas de recepción de las obras, etc.).

Ello siembra una sospecha mas que fundada de ilegalidad a todo lo actuado, mas si sabemos que la normativa urbanística vigente ha sido incumplida con total conocimiento y alevosía, quedando claro, que si las obras se han ejecutado de conformidad a licencias ilegales (aunque todavía no declaradas nulas), lo construido en exceso seguirá siendo ilegal, por no hablar de las derivaciones penales, tanto en el otorgamiento de licencias ilegales a sabiendas, o por no haber dado a las órdenes de paralización como posteriormente en la confección y aprobación del convenio de los 1,2 millones de euros que supone extralimitarse en funciones públicas.

ZDU ELK. BERMEO