Un vertedero autorizado por Lakua para «residuos no peligrosos» y «sin impacto sobre el suelo»


Despren
Punto en que se ubica el vertedero, parte del cual cayó a la AP-8.

Una resolución de 2016 de la directora de Administración Ambiental del Gobierno de Lakua autorizó el vertedero privado en que se ha producido el derrumbe, pero únicamente para «residuos no peligrosos» y señalando que no se preveían impactos sobre el suelo. La investigación determinará de dónde procede el amianto y qué ha producido tal deslizamiento.

NAIZ|2020/02/07 08:50
 

La revelación por parte del viceconsejero de Seguridad de Lakua, Josu Zubiaga, de que en el derrumbe de Zaldibar han aparecido importantes cantidades de amianto ha obligado a paralizar la búsqueda de dos trabajadores y pone el foco sobre ese vertedero, aunque el momento de la investigación es aún muy incipiente.

Según ha explicado la Diputación de Bizkaia, se trata de una instalación privada, gestionada por la empresa Verter Recycling 2002. Según ha podido constatar NAIZ, la autorización ambiental fue aprobada por Lakua en 2016, pero el permiso se concedió para «residuos no peligrosos».

Se detalla entre otras cosas que «queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados, ya sean peligrosos o no peligrosos. Los residuos se segregarán en origen y se dispondrá de los medios de recogida y almacenamiento adecuados con el fin de evitar dichas mezclas y para su posterior entrega a gestor autorizado en el caso de que no sean reutilizados en la propia obra o la instalación».

«El almacenamiento de residuos peligrosos deberá cumplir con las prescripciones técnicas para ese tipo de instalaciones –sigue la autorización de Lakua–. Los residuos de aceites, baterías, residuos peligrosos del mantenimiento de maquinaria, y en general residuos de sustancias/preparados considerados peligrosos, los recipientes y envases que los hayan contenido, filtros, absorbentes, trapos y cotones contaminados, tubos fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, etc. que se desechen, serán retirados, en las debidas condiciones, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y demás normativa concordante de residuos peligrosos».

Impacto sobre el suelo «no significativo»

En cuanto al impacto medioambiental, la autorización expone que «considerando la situación de partida en el vertedero y las actividades que en él se están desarrollando ya, no se espera que con la nueva actividad de reciclaje se genere ningún incremento o modificación en los posibles impactos sobre la población y salud humana».

«Al situarse la nueva actividad en una zona que ya se encuentra artificializada, el impacto sobre el suelo se considera no significativo. Tampoco son de destacar debida a su baja/nula probabilidad y magnitud afecciones sobre el agua, factores climáticos, cambio climático, paisaje y bienes materiales y el patrimonio cultural»
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Seijo (ErNE): «Podemos casi afirmarlo»

El responsable del sindicato ErNE de la Ertzaintza, Roberto Seijo, acaba de manifestar en Radio Euskadi que «podemos casi afirmar» que en ese vertedero se estaban tratando sustancias peligrosas.

Seijo ha intervenido para denunciar que los ertzainas que han participado en las labores de rescate ahora interrumpidas no han contado con las protecciones debidas ante la exposición de amianto. Ha dicho que ahora están siendo llamados para una revisión, tras retirarlos a todos a la base de Iurreta.

Comentarios


  1. Ni cautela ni humanidad tras el desprendimiento
    2020/02/08

    La tarde del jueves, un corrimiento de tierras en un vertedero de Zaldibar provocó una avalancha que cortó la AP-8 y la N-634 entre Eibar y Ermua. Desde entonces, dos trabajadores se encuentran desaparecidos. La gestión posterior de este accidente está dejando al descubierto una forma de hacer las cosas bastante chapucera. Además, sin haber finalizado la gestión del accidente, ya se ha lanzado la batalla por el relato.

    En primer lugar, en contra de lo que se ha dicho, las labores de búsqueda de los trabajadores desaparecidos se suspendieron, casualmente, poco después de que por la mañana se abriera uno de los carriles de la autopista que permite el paso de vehículos en los dos sentidos. Una decisión, por otra parte, poco prudente, si se considera que las autoridades reconocen que el terreno no está todavía estabilizado. Posiblemente, la ausencia de una alternativa viaria real les haya empujado a actuar con esta alarmante falta de cautela. En segundo lugar, la causa de la suspensión de las labores de búsqueda fue que el vertedero contenía amianto y los trabajos de búsqueda y retirada de escombros se estaban realizando sin las medidas seguridad necesarias y los medios de protección adecuados. Todos los datos apuntan a que las autoridades sabían de la presencia de amianto en el lugar, así como el bajo nivel de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental por parte de la empresa. No parece que en su momento se hubieran tomado medidas y tampoco se tomaron después del accidente hasta que se restableció la circulación, lo que deja bastante claro cuáles han sido las prioridades de los responsables políticos en todo momento.

    Es difícil saber hasta dónde el desprendimiento ha sido un desgraciado accidente o una acumulación de negligencias de las instituciones competentes –como permitir un vertedero sobre una carretera–. Lo que hasta ahora sí ha quedado claro es que los responsables políticos han actuado con una alarmante falta de cautela y de humanidad.

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