La ilegalidad de los "falsos" Arquitectos; negacionismo, nerviosismo y amenezas

Casa en ruinas denunciada y no informada ni tramitada por el Ayuntamiento

Revisado 16/02/20

En días pasados hemos tenido que oír todo tipo de maledicencias de algunos círculos políticos locales con posteriores amenazas, e incluso difusión de falsedades... que no quieren entender la razón por la que hemos puesto el caso de los arquitectos que se autodenominan municipales en manos de la Fiscalía de Bizkaia.

La razón es bien sencilla; que al depender de un nombramiento político sin seguir los principios de publicidad, libre concurrencia , capacidad profesional constatada –a dedo-- el técnico irregularmente designado pierde así la objetividad, neutralidad e imparcialidad necesaria, para convertirse en personal de confianza, ya que es consciente que su contrato depende de  un nombramiento que todos saben ilegal.

Que de la lectura de las actas municipales y sus resoluciones urbanísticas, el Ayuntamiento de Busturia (también los de Mundaka y Pedernales) cuenta con los servicios, dicho sea con todo el respeto, de un “Falso” Arquitecto Municipal que en realidad es un contratista externo, cuya relación contractual con su Ayuntamiento es administrativa, en todo caso regulada por la normativa de contratación pública —el art. 301 de la LCSP prohíbe el contrato menor de servicios cuando en las cláusulas del mismo se incluye desempeñar autoridad-- y consta que desempeñará entre otros la emisión de informes urbanísticos preceptivos y gira inspecciones de obras, emite dictámenes, participa en reuniones, dirige la redacción de Planes Urbanísticos, acceden ilegítimamente a datos reservados que se contienen en las solicitudes de licencias, ..., ejerciendo funciones reservadas a Funcionarios Públicos, cuando en realidad es una mera asesoría externa, contratada bajo la figura de “Prestación de Servicios”, contraviniendo la vigente legislación de contratos que establecen que establecido de contratos no pueden superar incluidas sus prorrogas un máximo de cinco años, no trece como es el caso de del Ayuntamiento de Busturia.

En relación a la aprobación de licencias de obras y inspecciones en base al Informe del Arquitecto Asesor Municipal, ha de tenerse en cuenta que desde la entrada en vigor del EBEP, en 2007, “el desempeño directo o indirecto de funciones públicas están reservadas a funcionarios y en ese contexto de reserva destaca que la inspección urbanística supone ejercicio directo de autoridad y que la emisión de informes preceptivos con propuesta de resolución”, que son los previstos como control técnico previo al otorgamiento de las licencia urbanísticas, son la base para la motivación de las resoluciones concesivas o desestimatorias de otorgamiento de licencias, hecho irregular que ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA cuya corrección ha venido solicitando de nuestros ayuntamientos desde 2007, siendo ignorados nuestros requerimientos en una docena de ocasiones, con una u otra excusa, siempre con razonamientos de oportunidad política, y a sabiendas de que estaban actuando ilegalmente.

También ha de considerarse que desde la entrada en vigor de la Ley de racionalización 27/2013, el artículo 92.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, reserva en el ámbito local a funcionarios de carrera —ni siquiera a interinos- las plazas que conllevan ejercicio de autoridad. Esta norma ha llevado a la Sentencia 828/2019, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, correspondiente al Recurso de Casación 922/2017 entablado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Santurtzi, que establece que los funcionarios interinos, en el ámbito de la administración local, no pueden desempeñar ejercicio de autoridad y ello porque el precitado art. 92.3 de la ley 7/1985 exige como plus al funcionario que lo sea de carrera, lo que excluye a los interinos y así la sentencia impone el requisito de “funcionario de carrera” para el ejercicio de autoridad por parte de los empleados de la administración local, en ese caso policías locales siendo, aplicable a todo “no funcionario de carrera” que la ejerza o pueda ejercerla, como es el caso de los dichos interinos de este Ayuntamiento con sus informes preceptivos, inspecciones y actas de inspección

En el caso que nos ocupa, las funciones que está desarrollando el arquitecto asesor municipal de Busturia exceden las de asesoría y se adentran en el ámbito reservado a los funcionarios públicos, lo cual vicia de nulidad la totalidad de los procedimientos en los que participa, ya que tales informes debieran darse por no realizados. Siguiendo lo expresado por la STS 15 octubre 1994 el supuesto concreto de nulidad de pleno derecho, es la plasmación, en el ámbito del Derecho Administrativo, de la proscripción general de adquirir derechos en contra de la Iey que ya estableciera el artículo 6.3 del Código Civil, exigiendo la apreciación del expresado vicio determinante de la sanción máxima que nuestro ordenamiento asigna a los actos administrativos -esto es, la nulidad radical o de pleno derecho.

Se constata en este caso la concurrencia de dos presupuestos o requisitos, como destaca la STS 16 octubre 2009 (casación 3879/2005): la Aprobación inicial del planes y proyectos urbanísticos "es contraria al ordenamiento jurídico" al estar basada en la adquisición y ejercicio de "facultades o derechos" para los que la arquitecto asesor municipal no reúne los "requisitos" necesarios para el ejercicio de autoridad en el desempeño de sus funciones de asesoría externa, aspectos que además resultan "esenciales", requisitos ambos que concurren de forma acumulativa o acumulada y en consecuencia vician de nulidad los referidos actos según se desprende de la literalidad del precepto.

Que en todo caso, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA, ostenta legitimación para actuar en defensa del Urbanismo Sostenible, la protección de la Naturaleza y del Patrimonio Cultural, y los Derechos Civiles de la Ciudadanía, reconocidos, entre otros en La Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información y participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que introduce la acción popular como instrumento  para defenderse de los actos o omisiones contrarios a lo legalmente regulado, sea por leyes europeas, estatales, vascas o locales como es el caso.

En todo caso el responsable de esta situación, no es la asociación que señala la ilegalidad, si no que recae en las personas; funcionarios o cargos públicos, que desde 2007 la toleran, ignoran y permiten las mismas bajo su autoridad sean, del color que sean.