UNA JUEZ IMPUTA POR DELITO ECOLÓGICO AL EMPRESARIO VASCO QUE PROMETIÓ 360 EMPLEOS PERO PROVOCÓ CONTAMINACIÓN

Una de las emisiones de la empresa Glefaran, ubicada en Zalla y Güeñes.

Posted on marzo 14, 2019 by auriona

Un juzgado de Balmaseda ha iniciado una investigación por delito ecológico contra el empresario vasco que prometió crear 360 empleos pero solo causó contaminación durante más de un año en los alrededores de las localidades vizcaínas de Güeñes y Zalla. La juez también investiga otro delito de prevaricación de altos cargos o funcionarios del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y ha encargado al área de Medio Ambiente de la Ertzaintza para que acometa “de forma inmediata y con carácter urgente” las labores de investigación “necesarias sobre la supuesta contaminación ambiental” de la empresa Glefaran.

Esta compañía, ubicada en los municipios de Güeñes y Zalla, causó un sinfín de molestias de humos y ruidos a los vecinos durante 14 meses (entre 2016 y principios de 2017). Un largo periodo en el que los responsables de la factoría insistieron en que siempre habían cumplido con la legalidad y que no causaban contaminación.

Sus propietarios son el grupo vizcaíno Orue (una familia vizcaína dedicada históricamente al sector de la madera), que adquirieron en 2014 in extremis la antigua papelera Pastugren, en un proceso concursal. Fue una operación singular porque tres meses antes ya estaba decidida la venta a otro empresario guipuzcoano pero el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a los administradores que se esperaran un trimestre más. Hasta que llegó la oferta del grupo Orue.

Anunciaron una inversión de hasta 12 millones de euros para la producción de astilla y pellets de madera, un producto cada vez más utilizado como combustible en chimeneas del hogar, la fabricación de pasta y la generación de energía renovable a partir de la biomasa. Pero la planta arrancó en 2016 con una única actividad: la cogeneración a través de la quema de residuos. Nada de producción de pellets, fabricación de pasta o generación de energía renovable. Los 300 empleos se han quedado en una decena de trabajadores y la actividad se limita a la cogeneración.

Desde que empezó a funcionar, hubo problemas: sucesivos episodios de náuseas e irritaciones respiratorias entre los vecinos cercanos a la planta y a menudo cenizas y polvos en sus vehículos y viviendas. El anterior equipo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco apenas intervino en el problema. Hasta que la presión vecinal (se creó la plataforma Güeñes Bizia, que junto a Aranguren Aurrera, recogieron 1.450 firmas y movilizaron a 2.000 personas en una manifestación) hizo mella y Medio Ambiente, con un nuevo equipo, paralizó durante casi dos meses la actividad de la planta. Se comprobó la realidad del problema: las emisiones superaban hasta cinco veces los límites legales de emisión de partículas y se constató que Glefaran había eludido la instalación de un electrofiltro (uno de los principales aparatos anticontaminación en una empresa).

Los controles de emisión impuestos y la desaparición de emisiones molestas tranquilizaron a los vecinos durante poco más de medio año. A principios de 2018, la plataforma vecinal retomó sus protestas ante lo que consideraba “un engaño” del Gobierno vasco “al persistir la contaminación”. Acusaba al Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo de elaborar una Autorización Ambiental Integrada (AAI), “que beneficia a la empresa”, apuntaron. Medio Ambiente rechazó que se estuvieran incumpliendo los límites de emisiones y señaló que se han impuesto valores “más restrictivos” de los legales.

La plataforma vecinal anunció en noviembre pasado que llevaría este asunto a los tribunales. El juzgado ya ha abierto una investigación. En un auto dictado el pasado 6 de febrero, señala que existe un posible delito contra el medio ambiente del empresario José Luis Orue (el dueño de Glefaran) y otro de prevaricación contra la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco. En este caso, precisa que está a la espera de que la viceconsejería le aporte “el expediente completo en relación a las incidencias, inspecciones y sanciones” impuestas a la empresa para fijar la imputación contra algún alto cargo o funcionario del Departamento.

La juez también ha pedido al Ayuntamiento de Güeñes una relación de las denuncias recibidas sobre la empresa y las sanciones impuestas “en caso de existir”.

Además, encarga ya la práctica de diligencias concretas. Al área de Medio Ambiente de la Ertzaintza le solicita que “de forma inmediata y urgente” acometa las labores de investigación “necesarias sobre la supuesta contaminación medioambiental de la empresa” Glefaran.

Anuncia igualmente que, una vez recibida toda esta información, designará un perito judicial especializado para elaborar un informe técnico de la supuesta contaminación de la fábrica. “Verificado lo anterior”, agrega el auto judicial “se acordará lo que corresponda sobre la continuación de la presente causa, especialmente en lo relativo a la declaración en calidad de investigado” del dueño de Glefaran, señala la jueza.

El caso Glefaran entra así en la vía judicial para determinar si hubo delito en una gestión, al menos negligente, de una empresa que incumplió sus promesas de crear empleo y sostuvo torticeramente, como luego se desmintió en los controles de las emisiones, que no causaba contaminación. Y también examinará la labor del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que en un principio miró a otro lado.