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El chalet bifamiliar es propiedad de María Isabel Ellakuría, una empresaria copropietaria de Talleres Wolko SL de Lemoa, y de otro vecino de esta localidad, Iskander Atutxa, arquitecto e hijo de Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente histórico del PNV. Iskander Atutxa es administrador único de la empresa de arquitectura e ingeniería Arkigest, que actualmente trabaja externamente para una docena de ayuntamientos vascos (todos dirigidos por el PNV) y su nombre apareció en la denuncia que a finales del pasado año hizo el PP del País Vasco. Acusaba a familiares directos del ex consejero de Interior Juan María Atutxa de haber recibido en los últimos años más de 200 adjudicaciones de contratos públicos por un importe de 68 millones de euros, en un caso que los populares tachaban de “clientelismo”. En esa denuncia, a Iskander Atutxa se le atribuían haber facturado tres millones de euros por servicios de arquitectura a diferentes ayuntamientos de Bizkaia. El dueño del chalé de Mundaka ha elaborado otros proyectos urbanísticos polémicos: la recalificación del solar familiar de la alcaldesa de Lezama y el frustrado proyecto de un campo de golf en un acantilado de Bakio.
A diferencia de su padre y de su hermano Asier, el actual presidente del Puerto de Bilbao y ex miembro de la ejecutiva del PNV vizcaíno, Iskander Atutxa siempre ha permanecido alejado del foco público y se ha centrado en sus negocios privados. Una discreción que ha mantenido en este caso: la petición de la licencia de obras solo aparece a nombre de María Isabel Ellakuría.

Las obras en el chalé de Mundaka se acometen por el derrumbe de la ladera tras los temporales sufridos el pasado año, que los ecologistas atribuyen también a la tala de árboles, que nacen en la ribera del mar, por parte los propietarios “para que no le quiten las vistas”. Los trabajos consisten en la construcción de una escollera que ahora tiene ya casi 4 metros de alto y cerca de 40 de ancho. Como el proyecto técnico no se ha facilitado, se desconoce cómo quedará finalmente.
Los ecologistas sostienen que la escollera “invade ya tres metros” del dominio público marítimo-terrestre y han puesto una denuncia administrativa ante la Demarcación de Costas que concedió el permiso: tanto por el uso de la playa para el paso de las excavadoras como por la construcción de la escollera.
Las obras se han desarrollado estos dos meses sin ningún cartel ni perímetro de protección y la mala fortuna ha hecho que el pasado 23 de mayo un trabajador cayera de una altura de 15 metros y resultara herido en una pierna. Desde entonces han aparecido los carteles y cintas de protección del área de obras.
Llama la atención que el Patronato de Urdaibai, que en todo el área de la reserva de Urdaibai (230 kilómetros cuadrados de superficie con 22 municipios en su interior), realiza informes preceptivos para construir una simple caseta de aperos de dos metros cuadrados no haya emitido ningún informe. Que se incumplan las condiciones impuestas por la Demarcación de Costas sin consecuencias para el infractor. Que sea más que cuestionable la invasión de la zona del dominio público-marítimo. Que las obras se acometan sin protecciones ni avisos hasta que sucede un accidente. Y que no pase nada cuando una poderosa familia de Euskadi esté detrás. Unos vuelven a ser más iguales que otros.
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