Ecologistas pedirán a los tribunales que desalojen los chalés ilegales de Barrika

Varios de los chalés considerados ilegales por la justicia en el municipio de Barrika./EDN

 

 Ecologistas pedirán a los tribunales que desalojen los chalés ilegales de Barrika

• La asociación Txipio Bai presentará antes de un mes una denuncia tras fracasar los contactos con la Diputación de Bizkaia para buscar una solución.
• La demanda tiene todos los visos de prosperar porque los moradores de los 14 chalés, algunos residiendo siete años, carecen de licencia de ocupación.
• Tres sentencias judiciales certificaron la pasada década que es un suelo no urbanizable de especial protección paisajística y calificaron de "desviación de poder" los cambios impulsados por la Diputación y el Ayuntamiento.

 EL DIARIO NORTE Alberto Uriona - Bilbao

El litigio por la urbanización ilegal de Barrika, el único caso de estas características ahora en Euskadi, vuelve a los tribunales. El colectivo ecologista Txipio Bai presentará antes de un mes una denuncia judicial para desalojar a los usuarios de los 14 chalés de lujo que, en algunos casos, residen en la zona desde hace siete años. La demanda tiene todos los visos de prosperar porque, debido a la situación ilegal de la promoción urbanística, en la zona de Barrikabaso, ninguno de sus moradores cuenta con una licencia de ocupación.

Cuatro años después de la sentencia judicial firme que dejó en la picota los chalés y tras mantener negociaciones con el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación de Bizkaia, que dieron luz verde a la urbanización, los ecologistas han perdido la paciencia. Las últimas reuniones con la Diputación no han hecho más que constatar que las posturas están alejadas.

En realidad, con la última sentencia del Tribunal Supremo en 2009 (tras dos anteriores del Tribunal Superior vasco) que certificaba que el área era un suelo no urbanizable de especial protección paisajística, la amenaza del derribo de las viviendas era elevada. Los ecologistas quisieron alcanzar un acuerdo para no perjudicar a los propietarios, que pasaba por dejar los chalés pero que la zona quedase declarada fuera de ordenación. El pasado año estuvo cerca la firma del convenio, que tenía el visto bueno de los propietarios, pero el Ayuntamiento y la Diputación nunca acabaron de suscribirlo.

En el fondo del rechazo está otra demanda multimillonaria de los propietarios del suelo, la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso donde quiere edificar desde hace 23 años. La denuncia exige una indemnización de casi 17 millones de euros (aducen que contaban con las licencias administrativas para acometer la promoción), lo que sería todo un varapalo para las instituciones vizcaínas. La fórmula planteada por los ecologistas dejaría sus plusvalías a los propietarios para el resto de Barrikabaso.

La Diputación vizcaína planteó hace un año recalificar la zona como urbana y en los últimos meses ha propuesto otra fórmula en una línea similar, lo que no garantiza que la zona quede protegida, sostienen los ecologistas. Ante ello, han iniciado los trámites para presentar la demanda que primero exigirá el desalojo de los moradores de los chalés, confirmaron portavoces de Txipio Bai. Incluso las Juntas Generales de Bizkaia, con los votos de la oposición, han aprobado que se firme el convenio pactado por los ecologistas. Pero el PNV, que gobierna la Diputación y el Ayuntamiento de Barrrika, lo ha rechazado.

Los intentos de edificar en Barrikabaso, una zona junto a los acantilados y todo un caramelo urbanístico, se remontan a 23 años. La declaración, en 1988, por parte del Gobierno vasco del área como suelo no urbanizable de especial protección paisajística no echó para atrás a los promotores ni a las instituciones. Pese a que los informes del Ejecutivo eran vinculantes, el Ayuntamiento firmó solo dos años después (en 1990) un convenio con la Diputación de Bizkaia y los propietarios que contemplaban 349 chalés, un hotel y un campo de golf. En 1997, el Ayuntamiento demostró su gran interés en edificar en esta área y volvió a aprobar una recalificación en la zona: Entonces, la limitó a dos parcelas de 19 hectáreas situadas en los dos extremos y que preveía 97 viviendas: 85 chalés y 12 pisos de protección. Una medida calificada entonces como argucia por los ecologistas porque, si se acometía, supondría con el tiemplo la urbanización de todo el área. Como en 1990, fue apoyado por la Diputación. De nuevo, la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco se plantó y dijo en un informe que, en "evitación de daños ambientales irreparables" debería seguir como área protegida.

Luego llegaron las sentencias judiciales, que calificaron de "arbitraria" y "desviación de poder" la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística.