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| David Cabo y Mar Cabra, de la Fundación Ciudadana Civio. / JESÚS URIARTE |
“La ley de transparencia no está a la altura”
Los expertos en apertura de datos David Cabo y Mar Cabra creen no se da respuesta a las preocupaciones de la gente
“Open data significa que los datos que tienen las administraciones públicas, que han sido pagados por nosotros, deberían ser publicados por defecto”. Así explica David Cabo (Zaragoza, 1976), patrón fundador de la Fundación Ciudadana Civio, en qué consiste la apertura de datos que su fundación promueve. Tanto él como la directora de Civio, Mar Cabra (Madrid, 1983), han participado en el taller de Open data y periodismo de datos que se ha celebrado esta semana en el Palacio de Miramar de San Sebastián dentro de los Cursos de Verano de la UPV-EHU.
Según Cabo, “los datos que tienen las administraciones son de gran valor, y ya que se ha gastado dinero en recopilarlos, deberían publicarse en formatos que faciliten su utilización por parte de los ciudadanos.” El Open data distingue para ellos dos tipos de beneficios. Por un lado, confían en que la apertura de datos permitiría la posibilidad de crear nuevas iniciativas que se servirían de la información liberada para ofrecer diversos servicios, como por ejemplo, una aplicación de móvil que indicase dónde están los autobuses de la ciudad en cualquier momento del día.
Por otro lado, tienen claro que un movimiento de apertura de datos incrementaría la transparencia de las administraciones, lo que permitiría a los ciudadanos hacer un seguimiento de lo que está haciendo su gobierno en todo momento. Cabra asegura que “desde la fundación se lucha por una mayor transparencia y una mejor gobernanza, utilizando la tecnología para hacer comprensibles grandes cantidades de datos.”
Fruto de ese trabajo, desde Civio han creado la página web dondevanmisimpuestos.es, que permite ver de un plumazo en qué se destinan los Presupuestos Generales del Estado. “Lo que hacemos en Civio es muy importante porque en España es difícil encontrar fundaciones neutrales que además utilicen la tecnología para publicar sus informes; se podría decir que nosotros somos una fundación 2.0”, dice Cabra.
Preguntados por la Ley de Transparencia estatal, ambos coinciden: “La ley es muy débil y no está a la altura de los estándares internacionales”. Creen que el derecho de acceso a la información está subordinado a otros derechos como el de protección de datos. Además, destacan que su proceso de aplicación está siendo muy opaco, y que el gobierno ha hecho lo mínimo para que se diga que hay una ley. Cabo asegura que “hay mucha gente preocupada preguntando por las negociaciones de Eurovegas o por los recortes en sanidad, y nadie contesta. Eso no es transparencia”.
De todos modos, Cabra señala que Euskadi es una de las comunidades que más está avanzando en este terreno, ya que el Gobierno vasco está tramitando su propia ley de Transparencia. “Una cosa es tener un portal de datos y otra cosa es colgarlos. El Gobierno vasco está apostando por hacerlo, incluso con datos que hasta podrían considerarse sensibles. Tú puedes entrar en Open Data Euskadi y saber cuánto cobra el lehendakari”, apunta.
En el panorama internacional, EEUU y Reino Unido destacan en la aplicación del Open data y del gobierno abierto. La llegada de Obama a la presidencia del país estadounidense supuso un impulso a la apertura de datos que no se había dado hasta la fecha. En cuanto al Reino Unido, “podría decirse que está incluso más adelantado que los EEUU en este ámbito, porque tanto el actual gobierno de Cameron, como el anterior de Brown, han apretado mucho el asunto. La administración central del país está obligada a publicar todas las facturas de más de 25.000 libras. Además están publicando muchas estadísticas sobre crímenes, datos sobre educación, sobre sanidad…” según afirma Cabo.
En la fundación tienen claro que por mucho que ellos hagan, “el Open data depende de la voluntad política. Es la administración la que tiene que decidir si libera o no sus datos”. Cabo cree que no se le puede pedir a la gente que participe cuando la gente no sabe lo que está pasando: “Tienes que facilitar la información para que la gente tome sus decisiones. Si yo voy a elegir un colegio para mi hijo, ¿por qué no voy a tener acceso a la nota que se les pone a los colegios? El Open data es una forma más proactiva de que las administraciones publiquen la información que ya tienen y que hemos pagado entre todos. La información es nuestra. La información realmente es de los ciudadanos”.
Según Cabo, “los datos que tienen las administraciones son de gran valor, y ya que se ha gastado dinero en recopilarlos, deberían publicarse en formatos que faciliten su utilización por parte de los ciudadanos.” El Open data distingue para ellos dos tipos de beneficios. Por un lado, confían en que la apertura de datos permitiría la posibilidad de crear nuevas iniciativas que se servirían de la información liberada para ofrecer diversos servicios, como por ejemplo, una aplicación de móvil que indicase dónde están los autobuses de la ciudad en cualquier momento del día.
Por otro lado, tienen claro que un movimiento de apertura de datos incrementaría la transparencia de las administraciones, lo que permitiría a los ciudadanos hacer un seguimiento de lo que está haciendo su gobierno en todo momento. Cabra asegura que “desde la fundación se lucha por una mayor transparencia y una mejor gobernanza, utilizando la tecnología para hacer comprensibles grandes cantidades de datos.”
Fruto de ese trabajo, desde Civio han creado la página web dondevanmisimpuestos.es, que permite ver de un plumazo en qué se destinan los Presupuestos Generales del Estado. “Lo que hacemos en Civio es muy importante porque en España es difícil encontrar fundaciones neutrales que además utilicen la tecnología para publicar sus informes; se podría decir que nosotros somos una fundación 2.0”, dice Cabra.
Preguntados por la Ley de Transparencia estatal, ambos coinciden: “La ley es muy débil y no está a la altura de los estándares internacionales”. Creen que el derecho de acceso a la información está subordinado a otros derechos como el de protección de datos. Además, destacan que su proceso de aplicación está siendo muy opaco, y que el gobierno ha hecho lo mínimo para que se diga que hay una ley. Cabo asegura que “hay mucha gente preocupada preguntando por las negociaciones de Eurovegas o por los recortes en sanidad, y nadie contesta. Eso no es transparencia”.
De todos modos, Cabra señala que Euskadi es una de las comunidades que más está avanzando en este terreno, ya que el Gobierno vasco está tramitando su propia ley de Transparencia. “Una cosa es tener un portal de datos y otra cosa es colgarlos. El Gobierno vasco está apostando por hacerlo, incluso con datos que hasta podrían considerarse sensibles. Tú puedes entrar en Open Data Euskadi y saber cuánto cobra el lehendakari”, apunta.
En el panorama internacional, EEUU y Reino Unido destacan en la aplicación del Open data y del gobierno abierto. La llegada de Obama a la presidencia del país estadounidense supuso un impulso a la apertura de datos que no se había dado hasta la fecha. En cuanto al Reino Unido, “podría decirse que está incluso más adelantado que los EEUU en este ámbito, porque tanto el actual gobierno de Cameron, como el anterior de Brown, han apretado mucho el asunto. La administración central del país está obligada a publicar todas las facturas de más de 25.000 libras. Además están publicando muchas estadísticas sobre crímenes, datos sobre educación, sobre sanidad…” según afirma Cabo.
En la fundación tienen claro que por mucho que ellos hagan, “el Open data depende de la voluntad política. Es la administración la que tiene que decidir si libera o no sus datos”. Cabo cree que no se le puede pedir a la gente que participe cuando la gente no sabe lo que está pasando: “Tienes que facilitar la información para que la gente tome sus decisiones. Si yo voy a elegir un colegio para mi hijo, ¿por qué no voy a tener acceso a la nota que se les pone a los colegios? El Open data es una forma más proactiva de que las administraciones publiquen la información que ya tienen y que hemos pagado entre todos. La información es nuestra. La información realmente es de los ciudadanos”.
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