El coste de proteger la naturaleza
El Gobierno se enfrenta a reclamaciones patrimoniales por 23 millones de tres empresas mineras que se consideran afectadas por la ley de Conservación
La aplicación de la normativa de protección medioambiental está trayendo por la calle de la amargura al Gobierno autónomo. En noviembre pasado, tuvo que pagar 9,2 millones de euros a la empresa Canteras y Hormigones Zalloventa, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Superior vasco, para resarcirle del daño causado en su actividad minera por la revisión del plan de gestión del Parque Natural de Urkiola.
Ahora, la consejería de Medio Ambiente tiene sobre la mesa otras tres reclamaciones de otras tantas empresas, que exigen un total de 23,1 millones de euros por las limitaciones que impone la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, promulagada en 2010, para realizar extracciones mineras en espacios protegidos.
Zalloventa, titular de una explotación situada en Mañaria, logró en el Superior que el Gobierno haya tenido que abonarle 9,2 millones por la “lesión patrimonial” que le causó la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Urkiola, aprobada por decreto en 2006. La revisión impedía a dicha empresa continuar realizando voladuras en una parte de la cantera, pese a que unos meses antes había obtenido la autorización correspondiente para desarrollar la explotación en ese ámbito.
Aunque la compañía exigió inicialmente 13,8 millones por la responsabilidad administrativa, el Superior acordó rebajar esa cifra a 9,2 millones (el 20% de las ganancias previstas por la empresa en esa parte de la cantera).
Medio Ambiente tuvo que hacer frente a la indemnización porque la normativa reguladora de Urkiola reconocía “el deber de indemnizar las lesiones que la actuación del parque produzca en bienes, derechos e intereses patrimoniales de los propietarios afectados”.
La disputa entre Zalloventa y el Ejecutivo no termina ahí. Esta misma empresa presentó otra reclamación de responsabilidad patrimonial por 4,8 millones contra la Ley de Conservación de la Naturaleza. Esta normativa, promulgada en 1994, fue modificada hace dos años e introdujo la prohibición expresa de “llevar a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea”, dentro de los límites de los espacios naturales protegidos.
Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo concluye que cuando Zalloventa presentó su reclamación por daño patrimonial en marzo de 2009 “carecía de título legítimo de naturaleza administrativa que le permitiera llevar a cabo la explotación de los yacimientos mineros de la cantera” de Mañaria. El informe añade que al dueño de los terrenos “se le ha privado de una expectativa, pero no de un derecho actual consolidado”. Amparada en estas razones, Medio Ambiente propone desestimar la reclamación, decisisón que podría sancionar el Consejo de Gobierno en su reunión de mañana.
El Ejecutivo mantiene abierto otro contencioso por el mismo motivo con la compañía Cantera Peña Forua, que solicita una compensación de 14,2 millones por los daños y perjuicios que le ocasiona la aplicación de la ley de Conservación. Esta norma le impide “de manera total y permanente” la futura explotación subterránea de las reservas de mineral de la cantera, ubicada en Forua, dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Medio Ambiente considera que la empresa no ha sufrido ningún daño patrimonial por la aprobación de dicha ley, dado que antes de su promulgación por el Parlamento no contaba con ningún proyecto aprobado de extracción subterránea.
La normativa no conlleva ninguna acción antijurídica, sostiene la consejería, porque no le impide a la empresa seguir aprovechando la cantera conforme a la concesión que le fue autorizada en 2007.
Finalmente, la firma Micronizados Naturales solicita una responsabilidad administrativa por importe de 4,15 millones. En este caso, ve anuladas sus opciones de explotar dos nuevos yacimientos mineros en el término municipal de Trucíos. El Gobierno discrepa de esta argumentación porque los derechos autorizados a la mercantil no se ven afectados, sino que se reclama una indemnización por “meras expectativas” de continuar con la actividad extractiva.
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