No acatar

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Pedro Ibarra, José Manuel Castells, Jon Gurutz Olaskoaga | Profesores de la UPV

No acatar

Estos aguerridos políticos, jueces, periodistas, etc., no solo no cuestionan órdenes que saben son injustas sino que además lo hacen sumisa y respetuosamente
Ya han sido expuestas todas las protestas con la sentencia de Bateragune y el posterior encarcelamiento de Díez Usabiaga. Además de sumarnos a protestas y correspondientes cabreos, queremos reflexionar sobre lo que se podría hacer o qué actitud deberíamos adoptar los ciudadanos ordinarios respecto a tan flagrante injusticia.

Estamos muy impresionados con aquellos políticos, jueces y medios de comunicación que manifiestan que a ellos les importa un bledo lo que decida la sentencia y cómo la misma argumenta su decisión. Ellos, sin más, la acatan y la respetan dado que es una decisión proveniente de un poder legalmente establecido. Toma ya. La RAE define lo de acatar como tributar homenaje de sumisión y respeto y también aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.

Es decir estos aguerridos políticos, jueces, periodistas, etc., no solo no cuestionan órdenes que saben son injustas sino que además lo hacen sumisa y respetuosamente y hasta con cierto entusiasmo (¡homenajeándolas!). Impresionante. En el fondo cumplen con su eterno deber de priorizar la defensa del Poder, del que manda, por encima de cualquier otra consideración.

Aunque el que ejerce el poder sea de otra bandería o un reconocido incompetente, lo importante -para ellos- es mantener por encima de todo la imagen de intocable fortaleza del poder dada su natural y bondadosa necesidad. Por eso, si las decisiones del mismo son cuestionadas, la crítica puede contaminar la misma idea de necesidad del poder fuerte y eso conducirnos... al libertinaje. Y eso, nunca.

Los que aquí escribimos somos miembros (algunos ancianos miembros) de la sociedad civil. Miembros de una sociedad que quiere ser protagonista. En eso consiste la sociedad civil. La sociedad que se organiza para estar activamente presente en los espacios públicos; donde se toman las decisiones políticas. El deber de una sociedad con vocación de ser sociedad civil es el de no acatar las decisiones injustas provenientes de los distintos poderes del Estado.

Los miembros de la sociedad civil ejercen en este sentido su condición de ciudadanos republicanos. La de aquellos que no renuncian a estar presentes, en la medida que pueden y en la medida que les dejan, en lo público, en la critica pública, en la acción -o la deliberada no acción- publica. Ciudadanos republicanos comprometidos con la vigilancia de lo que hace el poder y con criticarle cuando lo hacen mal. Y comprometidos con irse cuando lo que hace es injusto. Irse del espacio de actuación del poder y eventualmente tomar medidas que evidencien ese desmarque.

Recordemos cómo se fundamenta la obligación política. Cómo se justifica el que obedezcamos. El que no nos vayamos. Se nos dice que tanto a través del contrato social que puede expresarse en la aprobación de una Constitución, como de los distintos procesos electorales, consentimos el que nos gobiernen y nos comprometemos a obedecer. Al margen de la dudosa solidez de tales argumentos, lo que sí es evidente es la sobre interpretación de los mismos. Quizás pueda existir un principio de consentimiento -solo quizás y en cualquier caso, no en todos nosotros- pero el mismo es frágil y solo pervive en cuanto que los poderes públicos actúan con justicia. El gobierno injusto quiebra el consentimiento (si este alguna vez existió) y abre la posibilidad, la justa posibilidad, del desistimiento.

En el injusto acto del poder judicial, ciudadanos que han decido poner en marcha una opción exclusivamente política son sentenciados como líderes y ejecutores de una organización violenta. Aunque quizás el sinsen- tido pude ser todavía mayor. Que el argumento central -implícito y también explícito- en la sentencia establezca que aunque la opción de esos ciudadanos sea estrictamente política, como ETA también en cierto modo se halla en ese proceso decisorio de dejar la violencia, existe una coincidencia. Esa coincidencia demuestra (¡qué locura!) sumisión a ETA. Aunque sea en la no violencia, existe sumisión por coincidencia al Mal Objetivo que es ETA. Y por tanto todos aquellos que coincidan con las propuestas de ETA, aunque esta se proponga impulsar la meditación budista, deben ir al cárcel. Delirante argumento. Delirante y dramáticamente injusto.

Acatar supone obedecer y en este caso la obediencia solo puede ser exigida a los concernidos en el cumplimiento de la sentencia. A los condenados a lo que no se les deja ejercer la desobediencia . Y a los funcionarios de prisiones que no parece probable se resistan a meter en la cárcel a estos ciudadanos.

Así por lo que se refiere a todos los otros demás ciudadanos, el negar el acatamiento, el no obedecer al poder, es más difícil al no estar involucrados en su mandato. Sin duda existe la opción de la desobediencia civil. Hay que recordar el carácter colectivo de esta acción y su necesaria adecuación a un conjunto de sistemáticas decisiones y normas injustas. Pero, por otro lado, no podemos olvidar que la lucha contra la injusticia hecha desde el no acatamiento, implica, como vimos, un sociedad civil fuerte, protagonista, y a lo peor nuestra sociedad es más débil, mas sumisa de lo que parece. Acontecimientos judiciales como este pueden ser oportunos para recordarnos la necesidad del reforzamiento de redes y prácticas civiles y colectivas que conformen una sociedad soberana casi constitutivamente recelosa frente a la sumisión y el acatamiento.

Aunque recordando el reciente y terrible desalojo a los disidentes desacatadores de Kukutza en Rekalde, da un poco de miedo hablar a favor de estas actitudes. Igual nos disuelven...

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