Un juez paraliza la construcción de 64 pisos junto a un oleoducto en La Arena

VIZCAYA

Un juez paraliza la construcción de 64 pisos junto a un oleoducto en La Arena

Obliga a cambiar el planeamiento para adaptar la nueva urbanización a la ley tras una denuncia de Petronor

Un hombre pasea a su perro junto al solar del desaparecido camping de La Arena,
donde dos grandes letreros anuncian la construcción de las 64 viviendas y los 40 chalés.
:: PEDRO URRESTI

JOSU GARCÍA josugarcia@diario-elcorreo.es | BILBAO.

El plan para levantar una urbanización privada de 64 viviendas junto a la playa de La Arena se ha topado con un nuevo contratiempo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de dictar una sentencia en la que da la razón de forma parcial a Petronor y obliga al Ayuntamiento de Zierbena y al promotor inmobiliario a realizar una modificación urbanística del citado proyecto. En un primer momento y sobre el papel, la parcela iba a invadir los terrenos que forman parte de la servidumbre de protección de un oleoducto que atraviesa la zona, violando el margen de seguridad de 20 metros que establece la ley.

El fallo fuerza ahora al equipo de gobierno local a introducir cambios puntuales en el expediente como requisito indispensable para dar inicio a los trabajos de construcción. «Supondrá una pequeña demora, pero nada que no se pueda arreglar en un corto plazo de tiempo; quizá un par de meses», aseguró ayer el alcalde de la localidad, Marce Elorza, quien se mostró convencido de que este último percance no supondrá un problema para la viabilidad de una iniciativa que lleva casi una década de complejos trámites burocráticos.

El regidor quiso destacar que, cuando el proceso judicial ya estaba en marcha, la firma inmobiliaria alteró la configuración de los bloques de tres plantas que se van a levantar para respetar los planos aportados por la empresa de petróleos y alejarse, de esta manera, del oleoducto que fue construido en 1974 con el objetivo de enlazar el puerto de Bilbao con la refinería de Muskiz.

La gigantesca tubería que transporta el crudo que descargan los mercantes en el espigón de Punta Lucero se encuentra enterrada a escasa distancia de donde se edificarán las casas en un corto plazo de tiempo. La firma inmobiliaria, por su parte, aseguró ayer a este diario que la sentencia «carece de repercusión práctica alguna» sobre sus planes, ya que el grupo de viviendas ha sido redistribuido sobre el solar, respetando la normativa vigente. Además se ha decidido que, en la parte más cercana a la tubería, vayan ubicados los jardines y espacios libres comunitarios, en lugar de los edificios. Trabajos de mantenimiento Los constructores también apuntaron que el retraso anunciado por Elorza «no afectará a la fecha prevista de entrega». Los pisos, de entre 2 y 3 habitaciones -algunos de ellos con jardín privado- ya se encuentran a la venta (a partir de 215.000 euros) y en el contrato figura como límite para escriturar el mes de diciembre de 2013. Las obras, según apuntan fuentes de la promotora, podrían arrancar el próximo otoño. El litigio entre la empresa de hidrocarburos y la institución local se remonta al año 2008, cuando Petronor impugnó el acuerdo adoptado por el pleno municipal por el que se aprobaba el estudio detalle de la nueva barriada.

En su demanda, la compañía presidida por Josu Jon Imaz aseguraba que dos edificaciones de la urbanización proyectada -recibirá el nombre de Los Tamarises-, así como su sistema de alcantarillado invadiría la zona de servidumbre del oleoducto, que ocupa una franja de terreno de diez metros a cada lado del eje de la tubería que transporta el petróleo.

En su escrito, la firma propietaria de la refinería de Muskiz advertía de que esta circunstancia violaba un real decreto que se promulgó en 1974 para permitir la ocupación urgente de los terrenos que rodean a la red de tuberías y facilitar su puesto en funcionamiento. Petronor alertaba, además, de que si las viviendas ocupaban parte de esta servidumbre, sería imposible «garantizar un adecuado trabajo de mantenimiento de la red», al tiempo que apuntaban que sería difícil «evitar situaciones de alto riesgo por fugas». Antes de presentar su recurso conta el Consistorio, la empresa intentó convencer al Ayuntamiento de la necesidad de subsanar esta problemática. Incluso, según consta en la sentencia, se ofreció a realizar y sufragar catas manuales para conocer con precisión milimétrica por dónde pasaba una tubería que lleva casi 40 años enterrada. Con todo, la Administración local se negó y la dirección de la firma de petróleos decidió entonces acudir a los tribunales.

Durante el proceso, la promotora accedió a modificar sus planes, lo que ha evitado males mayores. «Creo que hubo un problema de comunicación entre las partes; se ha tratado de un malentendido, una confusión que nos ha llevado a un lugar donde no queríamos llegar realmente, porque el asunto ya estaba resuelto de facto», apuntó un responsable de la empresa inmobiliaria. En su sentencia, el Tribunal Superior obliga al Ayuntamiento a dar carta de naturaleza y legalizar esas modificaciones del planeamiento que ya se han realizado.