DEIA barrangelu

La justicia ordena mantener los pisos de Laida y demoler la estructura inacabada

El TSJPV zanja un conflicto urbanístico y judicial de treinta años

Imanol Fradua - Sábado, 31 de Julio de 2010 - Actualizado a las 08:55h.

Vista de los apartamentos sobre la playa ibarrangelutarra, con el esqueleto de hormigón en el centro, junto al edificio blanco. (I. Fradua)

Ibarrangelu. Dos conflictos urbanísticos abiertos en Ibarrangelu ya disponen de una solución. Al menos en lo que respecta a los trámites judiciales en los que se han visto envueltos durante largos años. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- ha ordenado la demolición de la estructura de hormigón inacabada de los apartamentos aterrazados de Laida, que no obstante, y pese a haber sido construidas sin los permisos correspondientes a principios de los años setenta, serán mantenidas. Otro caso abierto en las dependencias municipales, una vivienda ilegal en el barrio de Eleizalde sobre la que también pendía la posibilidad del derribo, también ha sido resuelto recientemente.

Más de treinta años después de comenzar a ser edificadas las casas aterrazadas de Laida -consideradas como una de las aberraciones paisajísticas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y situadas a escasos metros sobre la playa-, la irregular situación de esos inmuebles se podrá resolver con una sentencia favorable a la propuesta planteada desde el Consistorio al TSPJV. Una denuncia de un vecino al tribunal para exigir la demolición de lo construido en exceso dio origen, hace tres décadas, a una largo proceso judicial para el que el Ayuntamiento presentó un recurso instando al derribo de la estructura de hormigón que quedó inacabada -utilizada como aparcamiento-, aún manteniendo las viviendas y el muro de contención de la ladera que las protege. En suma, elevó una propuesta acatando parcialmente un veredicto anterior al estimar que su proposición causa "el menor daño posible a terceros ocupantes de las viviendas".

Pero además de ejecutar las obras de corrección urbanística, se deberá "acondicionar la zona paisajísticamente", según resaltan desde el Consistorio. De esa manera, el edificio dejará de permanecer en el limbo jurídico en el que ha estado y por el que el Ayuntamiento ha debido realizar innumerables trámites. Cabe destacar que dos ex alcaldes de Ibarrangelu fueron inhabilitados en 1979 al haber permitido la habilitación de los inmuebles sin exigir las correcciones urbanísticas.

Asimismo, la administración local legalizó los apartamentos de Laida hace dos años, aunque tuvo que encargar un estudio geotécnico para determinar la posibilidad de ejecutar los derribos y las posibles afecciones que generarían. Igualmente, se han visto abocados a paralizar algunas reformas ejecutadas por los vecinos en el interior de sus hogares.

"En un plazo de seis meses se deberá empezar a trabajar en el proyecto de ejecución para llevar a cabo la demolición", han espetado desde la administración ibarrangelutarra, dirigida por un Jesús Mari Ziluaga que parece mostrarse satisfecho por poder dar por concluida esta eterna pugna judicial que ha resultado perjudicial para el municipio. Tal y como ha señalado "es importante que la legalidad se cumpla y podamos resolver situaciones que lastramos durante años. Hay gente que lleva muchos años viviendo con la espada de Damocles de la demolición de sus viviendas sobre sus cabezas", terció. Así, ya han mantenido recientemente "reuniones con los residentes en estas viviendas para darles a conocer la situación".

Por 70 centímetros Menor duración, 15 años, ha tenido otro litigio urbanístico, como es el caso del edificio Eleizalde 42. Sobre el inmueble también pendía una orden de derribo y la anulación de la licencia de construcción municipal emitida en el año 2000 por incumplir la legalidad en tres causas.

El TSJPV, sin embargo, ha dado su beneplácito a la propuesta del Ayuntamiento de mantener el bloque y sacrificar sólo el espacio de terreno que no cumplía la ley. Efectuando varias correcciones y apelando al principio de proporcionalidad para garantizar la no demolición de las viviendas, "al entender desproporcionada" la medida "porque la distancia objeto de controversia es de tan sólo 70 centímetros", siete familias de Ibarrangelu podrán mantener sus casas. Será aún de forma provisional, ya que la sentencia judicial es todavía recurrible.