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Abierto el proceso para cambiar el plan de protección
ALBERTO URIONA - Bilbao - 12/12/2009
El Departamento de Medio Ambiente prevé disponer en un mes del diagnóstico para su nuevo plan en la reserva de la biosfera de Urdaibai. La consejería pretende ceder competencias urbanísticas a los ayuntamientos de la comarca para acabar con las pugnas de estos últimos 20 años que han paralizado el desarrollo económico de este espacio de la costa vizcaína.
El pleno del Patronato de Urdaibai (el máximo órgano de gestión de la reserva) abordó ayer los cambios previstos en el llamado Plan Rector (el que protege este enclave) aunque sin profundizar en ello, aseguraron fuentes de la consejería. La intención de Medio Ambiente es tener elaborado para finales de enero un informe con las cuestiones que fallan en Urdaibai. "Va a ser un proceso transparente y abierto", afirmaron. Con estos datos, en los siguientes meses se conformarían diferentes comisiones o grupos de trabajo que definirán las modificaciones en el Plan Rector.
El proceso está en una fase incipiente. La Diputación de Vizcaya, que según Medio Ambiente conocía las líneas generales de su plan, aseguró ayer que no tenía ningún dato y mostró su disposición a definir los cambios en el plan de protección de la reserva. Las competencias urbanísticas han sido uno de los principales elementos de fricción entre el Gobierno, por un lado, y la Diputación y los ayuntamientos, por otro. Con la normativa vigente, cualquier actuación urbanística (la edificación de una vivienda, pero también obras menores como un tejado o un arreglo de una fachada) deben tener el visto bueno del Patronato de Urdaibai, lo que retrasa los trámites y causa molestias a los vecinos.
El otro gran escollo es la gestión de Urdaibai, en manos exclusivas del Gobierno desde la aprobación de la ley de la reserva por el Parlamento vasco en 1989, a lo que siempre se ha opuesto la Diputación. Por ello, la institución foral apenas ha aportado dinero al impulso de la reserva y el Ejecutivo no ha tenido disponibilidad presupuestaria. "No puede ser que el Gobierno invite y nosotros paguemos", aseguraron ayer fuentes forales.
Los ecologistas y movimientos sociales han cuestionado con dureza a la Diputación y los ayuntamientos, a los que reprochan sus intereses urbanísticos. Por eso, existe recelo a la cesión de competencias a los municipios, algunos de los cuales están en los tribunales por permitir construcciones que van en contra de la ley de Urdaibai.
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