Por dónde van los tiros



Euskadi tiene competencias exclusivas sobre la caza y contabiliza 110.000 licencias para una población de 2,1 millones de habitantes, pero carece de una legislación propia. Treinta años después de la aprobación del Estatuto, los aficionados vascos, junto con los madrileños y ceutíes, son los únicos que se rigen en España por la ley estatal de 1970, una situación que se ha perpetuado un año más, recién iniciada la temporada, porque la riqueza cinegética de Álava es diferente de la fauna de Vizcaya y Guipúzcoa, lo que hace difícil aprobar una ley común para toda la comunidad.
El debate ha encallado durante lustros porque, cuando las diputaciones vascas desarrollan las normas generales en sus respectivos territorios, se enfrentan a realidades diferentes, hasta el punto de que las vedas se abren en fechas dispares dependiendo de la provincia. También influye la presión de los naturalistas, excursionistas, agroturismos e inquilinos de chalés y urbanizaciones, colectivos que ahora están presentes en espacios rurales por donde hace años no pasaba nadie.

De momento, en Euskadi sólo existe un borrador de proyecto de ley que fue elaborado a finales de la pasada legislatura, un texto que permite mantener zonas libres para cazar y amplía las distancias de seguridad respecto a caminos y ríos. No obstante, el borrador también faculta a los gobiernos forales para autorizar puestos de tiro dentro de esas zonas de seguridad.
Esos puntos tienen mucha importancia en Vizcaya y Guipúzcoa, pues son provincias intensamente urbanizadas, donde la caza libre ha sido siempre mayoritaria y se concentra principalmente sobre las aves migratorias. Algunos expertos advierten de que si una ley autonómica obligara a las diputaciones a aplicar criterios de seguridad más restrictivos, la actividad de los cazadores podría encontrar serias limitaciones en ambos territorios históricos, donde los núcleos urbanos están en constante crecimiento y se acercan cada vez más a los bosques. Además, si esa misma ley autonómica terminara posibilitando la caza libre en el conjunto de la comunidad, podría chocar con la actual regulación de Álava, un provincia con núcleos rurales dispersos donde las zonas libres están prohibidas y existen cotos.



Acuerdo institucional
El borrador de la futura ley de caza no ha recibido mucha atención, a pesar de la afición y las pasiones que despierta esa práctica deportiva, y a pesar también de la actividad económica que mueve (el 95% por las escopetas de caza de España se fabrican en Eibar y Vitoria). Lo cierto es que los aspectos esenciales del documento fueron acordados por el anterior Gobierno vasco con las diputaciones y las federaciones territoriales, que son las que gestionan los puestos de tiro en Vizcaya y Guipúzcoa. Ya entonces afloraron discrepancias, pero el debate cayó en el olvido cuando el lehendakari Ibarretxe convocó las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo.

Esta semana, la parlamentaria vasca Bakartxo Tejeria, del PNV, ha rescatado el borrador y ha pedido al Ejecutivo de Patxi López que lo presente oficialmente en la Cámara de Vitoria como proyecto de ley. El actual viceconsejero de Agricultura, José Luis Anda, confirmó a EL CORREO que el mismo texto redactado por el Ejecutivo tripartito está siendo revisado por una comisión jurídica del Gobierno vasco, requisito que deben cumplir las leyes antes de que se inicie su tramitación parlamentaria. De todos modos, Anda no ocultó su malestar por «la forma en que ha actuado el PNV» e insistió en que el borrador «no es propiedad de los nacionalistas», sino «en todo caso» de los técnicos de la Administración vasca que lo han redactado.

En principio, el Ejecutivo de Patxi López no va a discutir el acuerdo institucional sobre la futura ley de caza, que pretende ofrecer un marco jurídico a las diputaciones para que aprueben sus propias normas. Sin embargo, eso no significa que el consenso sea definitivo. Sin ir más lejos, aún perdura el conflicto entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa debido a la presencia de cazadores en el Monte Ulia, donde el alcalde Odón Elorza quiere impulsar un parque para disfrute de los ciudadanos.

Ezker Batua-Berdeak ha criticado que las disposiciones forales estén pensadas «sólo para los cazadores» y que no existan cauces para actuar cuando puedan entrar en conflicto con iniciativas de las corporaciones locales. Patxi Coira, miembro de la formación de izquierdas, ha anunciado, además, que cuando el proyecto de ley de caza se discuta en el Parlamento vasco su grupo incidirá en la creación de «vías libres de plomo», en referencia a lugares de esparcimiento o interés natural que son muy transitados.

Desde EB-Berdeak denunciaron hace un año la existencia de puestos de tiro en vías vizcaínas de uso público situadas en puntos tan diversos como la reserva de Urdaibai, Gorbea y Urkiola, así como en caminos forestales. En una nota hecha pública en Internet, Berdeak expresó el temor de que la futura legislación llegue a «legalizarlos», en detrimento de «la seguridad de las personas y sus bienes».

Pero las reticencias no proceden exclusivamente de las organizaciones conservacionistas, que se remiten al goteo de quejas vecinales. Igualmente, la Asociación de Cotos de Caza de Álava (ACCA), que agrupa a 123 cotos privados y a más de 5.000 cazadores de esa provincia, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la caza libre pueda aprobarse para todo Euskadi, al menos de manera genérica, independientemente de que la Diputación alavesa la prohíba ahora en su territorio. La ACCA recuerda, además, que entre el 30% y el 40% de los usuarios de sus fincas son vizcaínos y guipuzcoanos.

Precisamente, los cotos han creado cierta polémica entre los aficionados, pues uno de los lemas de la multitudinaria concentración organizada en junio pasado en Dima por la Asociación para la Defensa del Cazador y del Pescador aludió a los precios «abusivos».


j.munoz@diario-elcorreo.com

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