El Gobierno vasco insiste en conocer las pérdidas por el cambio de divisas en el Guggenheim

ruinosas operaciones de compra de dólares

Exige un nuevo informe porque «lo que ocurrió entonces sigue teniendo repercusión en las cuentas» y aún no se han depurado responsabilidades

07.10.2009 -

JON FERNÁNDEZ

El Correo| BILBAO

Como socios principales en la gestión del Guggenheim, la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco están condenados a entenderse. Ésa es la teoría. En la práctica el desencuentro entre ambas instituciones llega hasta el punto de que el ente foral se ha negado en rotundo a pedir un informe externo para conocer «el alcance real» de las pérdidas acumuladas por las ruinosas operaciones de compra de dólares a plazo entre 2002 y 2005.

El Ejecutivo autónomo no se rinde. Insiste en la necesidad imperiosa de solicitar un nuevo estudio que determine con exactitud el tamaño del 'agujero' en la sociedad Tenedora -el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) habla de al menos seis millones de euros, pero pueden ser hasta ocho- y permita depurar responsabilidades.

«Lo que ocurrió entonces sigue teniendo una repercusión en las cuentas que todavía no está determinada», denunció ayer el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, en una conversación con este periódico. La última novedad trascendió en junio. Una auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Püblicas T(VCP) dejaba al descubierto unas pérdidas de 800.000 euros en la Tenedora al hacerse cargo de dos opciones de adquisición de dólares de la Fundación, quien suele operar a menudo en moneda americana porque necesita pagar a los comisarios extranjeros de las muestras o contratar en origen seguros de conservación de obras de arte para exposiciones temporales.

Rivera explica que ese informe habría servido también para aclarar «la responsabilidad societaria» de la persona que está en la cúspide de ambas entidades, Juan Ignacio Vidarte. El propio Tribunal de Cuentas asegura que esa asunción de pérdidas «impidió la consecución eficaz y eficiente» del objetivo social de la compañía, que se dedica en exclusiva a la adquisición de obras de arte.

Más controles

La Diputación interpreta el asunto de otra manera. La responsable vizcaína de Cultura, Josune Ariztondo, defendió recientemente en las Juntas Generales que aquel movimiento de dinero sólo pretendía evitar que a la Fundación se le cobrasen «unos intereses de demora». Y considera que el embrollo quedó aclarado merced a las auditorías realizadas por la empresa Attest y la institución fiscalizadora.

Donde existe menos discusión entre las dos instituciones es a la hora de establecer los controles para evitar que se vuelvan a repetir errores como el gravoso cambio de divisas o el desfalco del ex director financiero, Roberto Cearsolo. Las cuentas de la Tenedora se auditan cada año desde 2007 con ese objetivo, aunque no esté obligada por ley a someterse a dicha fiscalización.

La situación puede dar un vuelco en el futuro. El Gobierno vasco ha anunciado una reforma legal para que todas las sociedades de ese tipo se sometan a los controles del sector público. Eso se traduce en que el Guggenheim deberá justificar sus cuentas, salarios y contrataciones como cualquier organismo público. Si no lo hace, corre el riesgo de perder los 7,6 millones de euros anuales que ahora recibe de Lakua, aunque en realidad la medida pretende poner orden en otras entidades con capital autonómico. Fundamentalmente, se trata de sociedades dependientes «de los departamentos de Industria y Agricultura» donde la institución tiene una participación menor al 51% y que hasta la fecha han funcionado sin apenas supervisión. La Tenedora también entraría en ese paquete, pero el viceconsejero cree que a raíz de las últimas polémicas ya se han establecido «los controles esenciales».