El Congreso aprueba una nueva Ley del Suelo para combatir la especulación y la corrupción
Reserva el 30% de los solares para pisos protegidos en toda España, aunque Euskadi ya aplica el 75%
El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la nueva Ley de Suelo, un texto que entrará en vigor desde el próximo 1 de julio y que, en palabras del presidente Rodríguez Zapatero, aumentará «la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico».
La ley introduce varias novedades importantes. La primera es que cambia el sistema de valoración de los suelos, de manera que, a la hora de ponerles un precio, ya no se computarán las expectativas de mercado, sino que habrá que aproximarse al valor real de las fincas. Ese mecanismo 'antiespeculación' afecta a Euskadi, a pesar de que tiene su propia Ley del Suelo; y es que el texto legal sancionado en el Congreso -con el único rechazo del PP- es un marco general al que deben adaptarse todas las legislaciones autonómicas.
El segundo cambio que establece la ley estatal es la obligación de reservar el 30% del suelo urbanizable, como mínimo, para viviendas protegidas. Este límite no afecta al País Vasco, pues la legislación autonómica ya establece unas reservas del 75% en suelo urbanizable, sumando viviendas de protección oficial (VPO) y pisos tasados. En el suelo urbano (el del centro del municipio), la reserva es del 40%.
El nuevo texto también modifica las cesiones de suelo a los ayuntamientos; es decir, la parte de los terrenos donde se va a edificar que todo promotor está obligado a entregar a la corporación local. Hasta ahora la cesión se movía en una horquilla de 0% al 10% del total de esos terrenos; pero se ha cambiado por otra del 5% al 15%. En el País Vasco, la cesión se estableció en el 10%.
En el plano municipal, la Ley del Suelo estatal también trae novedades relevantes, ya que intenta aplicar transparencia a los procesos urbanísticos, de manera que los ciudadanos estén informados del planeamiento municipal que se quiere aprobar y sepan con antelación cómo puede afectar a la comunidad. Del mismo modo, el legislador aclara la participación de los alcaldes y de los concejales en materia de urbanismo, pues les aplica un estricto régimen de incompatibilidades.
Larga tramitación
En un principio, la nueva Ley del Suelo había sido concebida para fomentar la vivienda protegida en España, si bien la fórmula de reservar solares para esos pisos ya se aplica en Euskadi desde que gobernaban juntos PNV y PSE. Sin embargo, la sucesión de escándalos en Marbella y en otros municipios, así como la inminencia de las elecciones autonómicas y locales han modificado el planteamiento inicial de la reforma legislativa, pues ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la presentó como un 'antídoto' contra la corrupción urbanística.
De hecho, la mayoría de los mecanismos contra la especulación se han incluido en la ley durante la tramitación parlamentaria, un proceso que se ha prolongado durante más de un año y que ha avanzado de forma paralela a la revelación de los escándalos inmobiliarios. Al final, el texto definitivo ha logrado un elevado nivel de consenso, aunque PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya habían asegurado desde el principio un respaldo mayoritario a la ley, que sólo ha encontrado el «rechazo frontal» del PP.
El presidente del Gobierno aseguró que la Ley de Suelo cambiará las condiciones en las que se ha desarrollado hasta ahora «una actividad del mayor interés para la vida cotidiana de las familias españolas». En este sentido, hizo votos para que la reforma frene «la espiral de precios desorbitados de los últimos diez años».
En su opinión, ayer quedó aparcado definitivamente el principio de que todo suelo es urbanizable salvo el especialmente protegido. «Trae el desorden a todo el urbanismo y es la mayor tentación para la especulación y las irregularidades», denunció el jefe del Gobierno.
LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY
El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la nueva Ley de Suelo, un texto que entrará en vigor desde el próximo 1 de julio y que, en palabras del presidente Rodríguez Zapatero, aumentará «la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico».
La ley introduce varias novedades importantes. La primera es que cambia el sistema de valoración de los suelos, de manera que, a la hora de ponerles un precio, ya no se computarán las expectativas de mercado, sino que habrá que aproximarse al valor real de las fincas. Ese mecanismo 'antiespeculación' afecta a Euskadi, a pesar de que tiene su propia Ley del Suelo; y es que el texto legal sancionado en el Congreso -con el único rechazo del PP- es un marco general al que deben adaptarse todas las legislaciones autonómicas.
El segundo cambio que establece la ley estatal es la obligación de reservar el 30% del suelo urbanizable, como mínimo, para viviendas protegidas. Este límite no afecta al País Vasco, pues la legislación autonómica ya establece unas reservas del 75% en suelo urbanizable, sumando viviendas de protección oficial (VPO) y pisos tasados. En el suelo urbano (el del centro del municipio), la reserva es del 40%.
El nuevo texto también modifica las cesiones de suelo a los ayuntamientos; es decir, la parte de los terrenos donde se va a edificar que todo promotor está obligado a entregar a la corporación local. Hasta ahora la cesión se movía en una horquilla de 0% al 10% del total de esos terrenos; pero se ha cambiado por otra del 5% al 15%. En el País Vasco, la cesión se estableció en el 10%.
En el plano municipal, la Ley del Suelo estatal también trae novedades relevantes, ya que intenta aplicar transparencia a los procesos urbanísticos, de manera que los ciudadanos estén informados del planeamiento municipal que se quiere aprobar y sepan con antelación cómo puede afectar a la comunidad. Del mismo modo, el legislador aclara la participación de los alcaldes y de los concejales en materia de urbanismo, pues les aplica un estricto régimen de incompatibilidades.
Larga tramitación
En un principio, la nueva Ley del Suelo había sido concebida para fomentar la vivienda protegida en España, si bien la fórmula de reservar solares para esos pisos ya se aplica en Euskadi desde que gobernaban juntos PNV y PSE. Sin embargo, la sucesión de escándalos en Marbella y en otros municipios, así como la inminencia de las elecciones autonómicas y locales han modificado el planteamiento inicial de la reforma legislativa, pues ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la presentó como un 'antídoto' contra la corrupción urbanística.
De hecho, la mayoría de los mecanismos contra la especulación se han incluido en la ley durante la tramitación parlamentaria, un proceso que se ha prolongado durante más de un año y que ha avanzado de forma paralela a la revelación de los escándalos inmobiliarios. Al final, el texto definitivo ha logrado un elevado nivel de consenso, aunque PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya habían asegurado desde el principio un respaldo mayoritario a la ley, que sólo ha encontrado el «rechazo frontal» del PP.
El presidente del Gobierno aseguró que la Ley de Suelo cambiará las condiciones en las que se ha desarrollado hasta ahora «una actividad del mayor interés para la vida cotidiana de las familias españolas». En este sentido, hizo votos para que la reforma frene «la espiral de precios desorbitados de los últimos diez años».
En su opinión, ayer quedó aparcado definitivamente el principio de que todo suelo es urbanizable salvo el especialmente protegido. «Trae el desorden a todo el urbanismo y es la mayor tentación para la especulación y las irregularidades», denunció el jefe del Gobierno.
LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY
- Expone por primera vez los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de suelo.
- Fija en el 30% la reserva mínima de suelo para VPO.
- Establece la cantidad de suelo destinado a dotaciones municipales entre el 5 y el 15%.
- Prohíbe vender o subastar suelos públicos destinados a VPO por encima del valor máximo de repercusión de esos suelos para ese uso.
- Sometimiento obligatorio a información pública de los planes y convenios antes de su aprobación.
- Los consistorios deberán publicar en Internet y tener a disposición de los vecinos copias en papel de los planes vigentes.
- Los convenios de planeamiento y las permutas de terrenos deberán ser aprobados por el pleno .
- Los concejales y directivos municipales deberán hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas. Si tienen responsabilidad ejecutiva se les prohibirá la actividad privada en esa materia y en el término municipal en los dos años siguientes a su cese en el Consistorio.
- Se hará público el nombre de quienes hayan sido dueños de terrenos recalificados en los últimos 5 años.
- El suelo se estimará por su valor real y no por sus expectativas de revalorización.
- Sólo se urbanizará el suelo necesario e idóneo para hacer ciudad.
- Se revisará de forma global el planeamiento si una actuación sola o junto a otras de los últimos dos años supone un incremento de un 20% en la población.
- Los desarrollos urbanísticos se someterán antes de su aprobación a un examen medioambiental y otro de sostenibilidad económica.
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