El negocio del ladrillo: el 10% de la recaudación del Estado

El negocio del ladrillo: el 10% de la recaudación del Estado
El Confidencial - 26 de enero de 2007

No es revelar ningún secreto decir que el sector inmobiliario se ha convertido en un auténtico negocio para las administraciones públicas. Al menos desde el comienzo del boom (finales de los años 90), los ingresos derivados del ladrillo no han dejado de crecer, pero ahora el Servicio de Estudios del BBVA ha puesto la literatura y los datos. Y lo que dice el BBVA es que en 2004 -año sobre el que se ha realizado la investigación- la fiscalidad de la vivienda ha permitido recaudar al Estado (Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) 27.000 millones de euros. Una cifra verdaderamente deslumbrante que supone nada menos que el 9,5% del total de ingresos no financieros y el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho en otros términos. Uno de cada diez euros que recaudan las administraciones públicas procede del ladrillo. El estudio, coordinado por la economista Virginia Pou, destaca los diversos instrumentos fiscales con los que cuentan los poderes públicos para gravar la vivienda, lo que en buena medida puede explicar la propensión de las administraciones al negocio inmobiliario. Entre los instrumentos más utilizados están el Impuesto sobre la Construcción Instalaciones y Obras, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el propio IVA que se paga en el momento de adquirir una vivienda nueva. Los alcaldes, además, han extendido la obtención de recursos mediante la venta de suelo público al mejor postor, y han generalizado los aprovechamientos urbanísticos u otros acuerdos a través de convenios que permiten ingresar dinero para la dotación de infraestructuras municipales. La figura más destacada de este inmenso negocio para las arcas públicas es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava las ventas de viviendas de segunda mano), y que desde 1997 ha tenido un crecimiento medio anual del 18%, llegando a representar en 2004 nada menos que un 1,4% del PIB, prácticamente el doble del 0,8% que suponía al comienzo del ciclo alcista del negocio inmobiliario, como destaca el informe del servicio de estudios del BBVA. La autora del artículo, en cualquier caso, matiza que una parte de los aumentos de recaudación hay que achacárselo al hecho de que todas las comunidades autónomas decidieran elevar del 6% al 7% el tipo de gravamen de Transmisiones, y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos. Los ingresos procedentes del IVA que grava las transmisiones inmobiliarias son la segunda rúbrica más importante, ya que suponen 2,2 puntos de la recaudación total no financiera. El informe del BBVA señala, igualmente, que la enajenación de terrenos públicos es también una buena fuente de ingresos para los ayuntamientos. En concreto, y según el estudio, los municipios recaudaron 1.809 millones de euros vendiendo solares urbanizables; es decir, el 0,6% de la recaudación total. El informe señala que si se realizara una estimación del impacto inmobiliario en la recaudación tributaria de 2005 y 2006 se hubiera detectado “una moderación en el crecimiento de los ingresos”, en línea con la desaceleración que se ha producido en el número de transacciones. Riesgo a una crisis inmobiliaria El estudio presta una especial atención al grado de exposición de las distintas administraciones públicas a una hipotética crisis inmobiliarias, y la conclusión a la que llega no puede ser más preocupante para los municipios. Nada menos que el 1,4% del PIB de las corporaciones locales (un 22% de sus recursos) “están directamente vinculados a dichas actividades”, señala el informe. De esos 1,4 puntos del PIB, 1,3 puntos corresponden a los ayuntamientos y tan sólo una décima a las diputaciones provinciales. En otras palabras, casi un tercio de los recursos de los municipios tienen su fuente en el ladrillo, lo que explica su elevado grado de exposición al negocio inmobiliario. “En principio (dice el estudio), los municipios son la administración pública más expuesta a la actividad inmobiliaria”, ya que los recursos totales vinculados a la vivienda han pasado del 22,8% del total de los ingresos no financieros municipales en 1992 a un 31,9% en 2004. O lo que es lo mismo, se ha pasado de un 0,9% del PIB a un 1,3%. En el caso de las comunidades autónomas, su riesgo no es mucho menor. Si al comenzar el boom de la construcción (en 1997) el 0,4% de su PIB estaba relacionado con los inmuebles, en estos momentos el porcentaje se sitúa en el 1,1%, lo que significa que prácticamente se ha triplicado. Los ingresos inmobiliarios, en cualquier caso, y dado que las CCAA participan ahora en la mayoría de las figuras impositivas del Estado, no suponen más allá del 8% de sus ingresos no financieros. Por lo que respecta a la Administración general del Estado, su grado de exposición es el menos elevado, representando únicamente un 4,5% de sus ingresos totales. ne