La ilegalidad de los "falsos" Arquitectos; negacionismo, nerviosismo y amenezas

Casa en ruinas denunciada y no informada ni tramitada por el Ayuntamiento

Revisado 16/02/20

En días pasados hemos tenido que oír todo tipo de maledicencias de algunos círculos políticos locales con posteriores amenazas, e incluso difusión de falsedades... que no quieren entender la razón por la que hemos puesto el caso de los arquitectos que se autodenominan municipales en manos de la Fiscalía de Bizkaia.

La razón es bien sencilla; que al depender de un nombramiento político sin seguir los principios de publicidad, libre concurrencia , capacidad profesional constatada –a dedo-- el técnico irregularmente designado pierde así la objetividad, neutralidad e imparcialidad necesaria, para convertirse en personal de confianza, ya que es consciente que su contrato depende de  un nombramiento que todos saben ilegal.

Que de la lectura de las actas municipales y sus resoluciones urbanísticas, el Ayuntamiento de Busturia (también los de Mundaka y Pedernales) cuenta con los servicios, dicho sea con todo el respeto, de un “Falso” Arquitecto Municipal que en realidad es un contratista externo, cuya relación contractual con su Ayuntamiento es administrativa, en todo caso regulada por la normativa de contratación pública —el art. 301 de la LCSP prohíbe el contrato menor de servicios cuando en las cláusulas del mismo se incluye desempeñar autoridad-- y consta que desempeñará entre otros la emisión de informes urbanísticos preceptivos y gira inspecciones de obras, emite dictámenes, participa en reuniones, dirige la redacción de Planes Urbanísticos, acceden ilegítimamente a datos reservados que se contienen en las solicitudes de licencias, ..., ejerciendo funciones reservadas a Funcionarios Públicos, cuando en realidad es una mera asesoría externa, contratada bajo la figura de “Prestación de Servicios”, contraviniendo la vigente legislación de contratos que establecen que establecido de contratos no pueden superar incluidas sus prorrogas un máximo de cinco años, no trece como es el caso de del Ayuntamiento de Busturia.

En relación a la aprobación de licencias de obras y inspecciones en base al Informe del Arquitecto Asesor Municipal, ha de tenerse en cuenta que desde la entrada en vigor del EBEP, en 2007, “el desempeño directo o indirecto de funciones públicas están reservadas a funcionarios y en ese contexto de reserva destaca que la inspección urbanística supone ejercicio directo de autoridad y que la emisión de informes preceptivos con propuesta de resolución”, que son los previstos como control técnico previo al otorgamiento de las licencia urbanísticas, son la base para la motivación de las resoluciones concesivas o desestimatorias de otorgamiento de licencias, hecho irregular que ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA cuya corrección ha venido solicitando de nuestros ayuntamientos desde 2007, siendo ignorados nuestros requerimientos en una docena de ocasiones, con una u otra excusa, siempre con razonamientos de oportunidad política, y a sabiendas de que estaban actuando ilegalmente.

También ha de considerarse que desde la entrada en vigor de la Ley de racionalización 27/2013, el artículo 92.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, reserva en el ámbito local a funcionarios de carrera —ni siquiera a interinos- las plazas que conllevan ejercicio de autoridad. Esta norma ha llevado a la Sentencia 828/2019, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, correspondiente al Recurso de Casación 922/2017 entablado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Santurtzi, que establece que los funcionarios interinos, en el ámbito de la administración local, no pueden desempeñar ejercicio de autoridad y ello porque el precitado art. 92.3 de la ley 7/1985 exige como plus al funcionario que lo sea de carrera, lo que excluye a los interinos y así la sentencia impone el requisito de “funcionario de carrera” para el ejercicio de autoridad por parte de los empleados de la administración local, en ese caso policías locales siendo, aplicable a todo “no funcionario de carrera” que la ejerza o pueda ejercerla, como es el caso de los dichos interinos de este Ayuntamiento con sus informes preceptivos, inspecciones y actas de inspección

En el caso que nos ocupa, las funciones que está desarrollando el arquitecto asesor municipal de Busturia exceden las de asesoría y se adentran en el ámbito reservado a los funcionarios públicos, lo cual vicia de nulidad la totalidad de los procedimientos en los que participa, ya que tales informes debieran darse por no realizados. Siguiendo lo expresado por la STS 15 octubre 1994 el supuesto concreto de nulidad de pleno derecho, es la plasmación, en el ámbito del Derecho Administrativo, de la proscripción general de adquirir derechos en contra de la Iey que ya estableciera el artículo 6.3 del Código Civil, exigiendo la apreciación del expresado vicio determinante de la sanción máxima que nuestro ordenamiento asigna a los actos administrativos -esto es, la nulidad radical o de pleno derecho.

Se constata en este caso la concurrencia de dos presupuestos o requisitos, como destaca la STS 16 octubre 2009 (casación 3879/2005): la Aprobación inicial del planes y proyectos urbanísticos "es contraria al ordenamiento jurídico" al estar basada en la adquisición y ejercicio de "facultades o derechos" para los que la arquitecto asesor municipal no reúne los "requisitos" necesarios para el ejercicio de autoridad en el desempeño de sus funciones de asesoría externa, aspectos que además resultan "esenciales", requisitos ambos que concurren de forma acumulativa o acumulada y en consecuencia vician de nulidad los referidos actos según se desprende de la literalidad del precepto.

Que en todo caso, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA, ostenta legitimación para actuar en defensa del Urbanismo Sostenible, la protección de la Naturaleza y del Patrimonio Cultural, y los Derechos Civiles de la Ciudadanía, reconocidos, entre otros en La Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información y participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que introduce la acción popular como instrumento  para defenderse de los actos o omisiones contrarios a lo legalmente regulado, sea por leyes europeas, estatales, vascas o locales como es el caso.

En todo caso el responsable de esta situación, no es la asociación que señala la ilegalidad, si no que recae en las personas; funcionarios o cargos públicos, que desde 2007 la toleran, ignoran y permiten las mismas bajo su autoridad sean, del color que sean.

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ANEXOS 

     AMPLIACIÓN DE JURISPRUDENCIA: LA RESERVA DE POTESTADES PÚBLICAS Y EL CONTROL DE LEGALIDAD URBANÍSTICA POR ARQUITECTOS FUNCIONARIOS

La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido un cuerpo doctrinal infranqueable en torno a un doble requisito para la validez de los informes técnicos en la tramitación urbanística: la idoneidad de la titulación académica (titulación de Arquitecto) y la naturaleza jurídica de su relación laboral (vínculo funcionarial corporativo). La conjunción de ambos elementos es obligatoria cuando las actuaciones impliquen el ejercicio de potestades públicas, la fiscalización de la legalidad o el diseño de la ordenación estructural del territorio. 

I. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la Titulación Exclusiva de Arquitecto

El Tribunal Supremo blinda la exigencia de titulación de Arquitecto superior para la dirección de servicios técnicos en planeamiento urbanístico, dada la naturaleza espacial y de ordenación territorial de la materia. 

STS 218/2026 (Rec. 3371/2024): El Alto Tribunal avala la reserva de titulación de Arquitectura para la dirección y el contenido mínimo de las Oficinas Técnicas de Urbanismo, considerando que la falta de supervisión por este profesional vicia la idoneidad técnica del planeamiento. [1]
 

II. Reserva de Funciones a Funcionarios Públicos (Exclusión de Técnicos Externos)
La tramitación urbanística que implica potestades de autoridad no puede delegarse en personal externo o empresas contratadas, reservándose a funcionarios.
STS 1132/2024 (Rec. 2682/2022): Diferencia trabajos preparatorios de funciones de control de legalidad, declarando ilegal que informes de técnicos privados o externos convaliden o visen instrumentos urbanísticos sin ratificación funcionarial.
STS 27/2023 (Sala 2ª): Recuerda que profesionales sin condición de funcionario no ostentan presunción de legalidad, siendo inexcusable el visado y fiscalización por un técnico municipal funcionario. 

III. Nulidad de Pleno Derecho de la Reparcelación por Ausencia de Arquitecto Funcionario
La falta de este control técnico/funcionarial esencial conlleva la nulidad radical de la actuación.
Principio de conservación (Art. 47 y 52 LPACAP): Los vicios en la fiscalización o el asesoramiento preceptivo provocan la nulidad absoluta del plan.
Efectos Ex Tunc: El planeamiento viciado se expulsa del ordenamiento, invalidando los actos de gestión derivados, como la reparcelación.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA RESERVA DE POTESTADES EN MATERIA URBANÍSTICA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON TITULACIÓN DE ARQUITECTO

El presente anexo fundamenta jurídicamente la nulidad de pleno derecho del acto impugnado, basada en la emisión de informes urbanísticos determinantes por parte de personal carente de la condición de funcionario público, contraviniendo el ordenamiento jurídico y la doctrina consolidada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

I. Infracción del Estatuto Básico del Empleado Público: Reserva de funciones (Art. 9.2 TREBEP)
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado de forma pacífica e inequívoca que la fiscalización, el control de la legalidad y la ordenación urbanística constituyen una manifestación directa de las potestades públicas del Estado. Por tanto, dichas funciones están reservadas exclusivamente a personal funcionario. 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2020 (Rec. 3171/2017):
El Alto Tribunal fija como doctrina casacional que la redacción, el control de legalidad y el informe técnico de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística no pueden ser encomendados a personal laboral ni, de forma estructural, a técnicos externos mediante contratos de servicios. El fallo estipula que estas actividades implican el ejercicio de potestades públicas y el interés general, quedando estrictamente reservadas a funcionarios públicos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2014 (Rec. 2146/2012):
El Tribunal declara la nulidad de las actuaciones administrativas de carácter urbanístico soportadas exclusivamente en informes de técnicos externos contratados bajo régimen mercantil. La sentencia explicita que “la externalización de las funciones de informe técnico urbanístico desnaturaliza el procedimiento administrativo, al privar a la Administración del juicio de imparcialidad, objetividad e independencia que solo el cuerpo de funcionarios públicos garantiza”. 

II. Exigencia de la Titulación Específica de Arquitecto en el Sector Urbanístico
El Tribunal Supremo complementa la reserva funcionarial exigiendo que, para el desempeño de funciones de control y ordenación estructural que afecten a la edificabilidad o al diseño urbano (como los proyectos de reparcelación o planes parciales), el funcionario posea la titulación técnica competente, que recae de forma exclusiva o preeminente en el Arquitecto.
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2016 (Rec. 3392/2015):
Determina que la competencia para informar instrumentos de planeamiento general, ordenación pormenorizada y gestión de la reparcelación requiere la cualificación del Arquitecto, dadas las competencias exclusivas en materia de habitabilidad y ordenación del espacio conferidas por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). La intervención de otras titulaciones sin la debida supervisión de un Arquitecto funcionario vicia el contenido del dictamen. 

III. Nulidad de Pleno Derecho por Ausencia de Control Funcionarial Preceptivo
La ausencia de un dictamen emitido por un Arquitecto funcionario en el expediente —o la mera sumisión del Ayuntamiento al criterio de un técnico externo contratado a tanto alzado— determina la nulidad de pleno derecho del acuerdo de aprobación del instrumento urbanístico (artículo 47.1.e y 47.2 de la Ley 39/2015, LPACAP).
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2019 (Rec. 4912/2017):
Establece que la falta de informe emitido por funcionario público competente cuando este sea preceptivo por la naturaleza de las potestades ejercidas, no constituye un mero defecto formal subsanable. Se trata de un vicio de nulidad radical (ex tunc) que invalida todo el procedimiento de gestión urbanística y los actos subsiguientes que de él traigan causa (como las inscripciones registrales de reparcelación). 

IV. Subsunción del Caso Concreto en la Doctrina Jurisprudencial
A la luz de la doctrina expuesta, la actuación de la Corporación Local incurre de manera flagrante en una causa de nulidad absoluta. Queda acreditado mediante la prueba documental que se acompaña (Actas de Contratación y Pliegos de Condiciones del Contrato de Servicios Administrativos):
Que el técnico firmante de los informes de legalidad urbanística determinantes ejerce su actividad bajo un vínculo estrictamente mercantil y externo.
Que dicho profesional carece de la condición de funcionario público integrado en la escala técnica de la Corporación.
Que el Ayuntamiento ha delegado de forma fáctica e ilegal el ejercicio de potestades públicas (inspección, control de legalidad y diseño del suelo) en un tercero privado, vulnerando el artículo 9.2 del TREBEP y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.