MUXIKA

Un juez otorga diez días a Muxika para que paralice la actividad de la maderera Inama

La antigua dirección ha presentado un expediente de extinción de contratos y el comité de empresa anuncia nuevas movilizaciones

15.02.12 - 02:13 -

MAIKA SALGUERO | MUXIKA.

Los trabajadores de Inama contemplan «desesperados» cómo la fábrica muxikarra se ve abocada al cierre. El último revés ha sido una resolución judicial que exige al Consistorio de la localidad la supresión inmediata de la licencia de actividad y la paralización de la planta lo que dificulta aún más la posibilidad de encontrar una salida al conflicto. La Administración local se vio obligada a revocar el permiso el pasado año, después de que la maderera perdiera la Autorización Ambiental Integrada -AAI- que otorga el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco por no acometer las correcciones fijadas en el plazo establecido.

Sin embargo, «la empresa recurrió la decisión y ahora una sentencia exige que se ejecute definitivamente la retirada», aseguraron fuentes municipales. Concretamente es el Tribunal Superior de Justicia del País vasco -TSJPV- el que, por medio de un requerimiento presentado en las oficinas municipales el pasado viernes, concede un plazo de diez días al Ejecutivo local para que anule la licencia de actividad. Esta resolución complica todavía más la ya de por sí remota posibilidad de que los trabajadores formen una cooperativa. «El fallo no nos ayuda porque no es lo mismo que continuemos con una planta ya asentada en el sector que volver a solicitar licencia para una nueva actividad», explicó el portavoz del comité de empresa, David Palacios.

Cooperativa

La Diputación ya anunció su disposición a aportar tres millones de euros para que los empleados gestionen la fábrica con la condición, eso sí, de que «el Ayuntamiento colaborase con la concesión de la licencia municipal y el Gobierno vasco aportando una solución a los problemas medioambientales que atraviesa la empresa». Mientras tanto, la maderera se encuentra inmersa en un concurso de acreedores y los nuevos gestores han procedido a revisar las cuentas con el fin de evaluar si puede o no seguir produciendo.

La antigua dirección, por su parte, ha presentado un expediente de extinción de contratos que afectaría a 107 trabajadores. Hasta ahora estaban inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado el pasado año por el que siete días al mes no acudían a sus puestos. Sin embargo, lo cierto es que la compañía está inactiva y toda la plantilla parada a la espera de una solución que «pasa por la viabilidad del negocio, ya que si quieren hay trabajo», reconoció Palacios. De momento, los empleados continuarán con las movilizaciones y este viernes llevarán a cabo una acampada de protesta en la fábrica «porque lo único que nos queda es hacer que nos escuchen», añadió.