Ecologistas en Acción queremos recordar que el Estado es uno de los principales actores represivos contra el activismo ecologista.

Foto: @En el marco del acto 'Luchas y avances del movimiento ecologista en España', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en homenaje a los movimientos ecologistas, 

Ecologistas en Acción

En el marco del acto 'Luchas y avances del movimiento ecologista en España', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en homenaje a los movimientos ecologistas, Ecologistas en Acción queremos recordar que el Estado es uno de los principales actores represivos contra el activismo ecologista.

Desde 1987 hemos registrado numerosos casos de persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas en contra de activistas ecologistas, que muestran que la represión ha sido una constante en nuestro activismo ecosocial. Sanciones administrativas, detenciones y procesos de judicialización son las principales estrategias de represión que han ejercido los actores estatales a lo largo de estas décadas.

 

Pero el papel del Estado no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas sino también, en ocasiones, a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones.

No lo dicen solo nuestros registros internos. En febrero de 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, Michel Forst, alertaba en su documento de posición que en el Estado español la represión y criminalización del movimiento ecologista es cada vez más visible en la legislación y las políticas públicas, llegando a categorizar al activismo ecologista de amenaza terrorista (Extinction Rebellion) y criminalizando a movimientos ecologistas de desobediencia civil pacífica como organizaciones criminales (Futuro Vegetal).

 

Además, Forst denuncia el uso de medidas de investigación y vigilancia en contra de activistas ecologistas basadas en la legislación sobre delincuencia organizada, como el seguimiento por parte de la policía hasta sus hogares, la intervención de teléfonos, el allanamiento de casas, registros o arrestos en los lugares de trabajo, así como la infiltración de policías en movimientos ecologistas.

El primer paso para reconocer y celebrar la lucha del movimiento ecologista en todas estas décadas es garantizar que esta pueda ser llevada a cabo sin represión.

 

Desde 1987 hemos registrado numerosos casos de persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas en contra de activistas ecologistas, que muestran que la represión ha sido una constante en nuestro activismo ecosocial. Sanciones administrativas, detenciones y procesos de judicialización son las principales estrategias de represión que han ejercido los actores estatales a lo largo de estas décadas.

 

Pero el papel del Estado no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas sino también, en ocasiones, a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones.

No lo dicen solo nuestros registros internos. En febrero de 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, Michel Forst, alertaba en su documento de posición que en el Estado español la represión y criminalización del movimiento ecologista es cada vez más visible en la legislación y las políticas públicas, llegando a categorizar al activismo ecologista de amenaza terrorista (Extinction Rebellion) y criminalizando a movimientos ecologistas de desobediencia civil pacífica como organizaciones criminales (Futuro Vegetal).

 

Además, Forst denuncia el uso de medidas de investigación y vigilancia en contra de activistas ecologistas basadas en la legislación sobre delincuencia organizada, como el seguimiento por parte de la policía hasta sus hogares, la intervención de teléfonos, el allanamiento de casas, registros o arrestos en los lugares de trabajo, así como la infiltración de policías en movimientos ecologistas.

El primer paso para reconocer y celebrar la lucha del movimiento ecologista en todas estas décadas es garantizar que esta pueda ser llevada a cabo sin represión.